La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su alarma por el aumento de asesinatos y agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos en Guatemala.
Por ello, la CIDH reitera su llamado al Estado a tomar medidas urgentes para proteger a quienes defienden los derechos humanos en el país, así como a llevar a cabo investigaciones diligentes que tengan en cuenta la actividad de defensa de derechos humanos de las víctimas.
Cabe señalar que el 27 de junio de 2018, la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) condenaron los asesinatos de 10 defensores de derechos humanos integrantes de organizaciones indígenas y campesinas que tuvieron lugar en el primer semestre del año y urgieron al Estado de Guatemala a avanzar en la adopción e implementación de una política pública de protección a personas defensoras.
Desde entonces, la Comisión ha tenido conocimiento de al menos 6 asesinatos adicionales de defensoras y defensores de derechos humanos en el país. Solo en el mes de julio fueron asesinados al menos 3 líderes sociales y comunitarios. El 12 de julio fue asesinado Ángel Estuardo Quevedo, dirigente comunitario del municipio de Casillas; el 20 de julio fue asesinado Adolfo Chon Pacay, integrante del Comité de Unidad Campesina (CUC); y el 28 de julio fue encontrado con señales de tortura el cuerpo de Juana Raymundo, a orillas de un río entre Nebaj y la comunidad Acambalam. Juana Raymundo era defensora de derechos humanos maya Ixil, integrante y parte de la coordinación del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA). Asimismo, el 21 de septiembre fue asesinada Juana Ramírez Santiago, integrante de la junta directiva de la Red de Mujeres Ixiles y el 10 de octubre fueron asesinados Benedicto Hernández y Arnoldo Hernández, padre e hijo, integrantes del CUC.
La situación de personas defensoras de derechos humanos en Guatemala ha sido una fuente de constante preocupación para la CIDH debido a los actos de violencia, agresiones y criminalización a los que están permanentemente expuestos. En su Informe de País de 2017, la Comisión refirió al incremento de ataques y asesinatos de defensores y defensoras con respecto a 2016. De acuerdo con el Procurador de Derechos Humanos, en lo que va del año, 20 defensoras y defensores de derechos humanos han sido asesinados. Esta cifra también fue sostenida por las organizaciones de la sociedad civil en la audiencia pública “Denuncias de graves violaciones de derechos humanos y desaparición de líderes sociales y campesinos en Guatemala” ante la CIDH durante el 169 Periodo de Sesiones realizado en Boulder, Colorado.
La Comisión recuerda que es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. En particular, la CIDH insta al Estado de Guatemala a abrir líneas de investigación que tengan en cuenta si los asesinatos referidos fueron cometidos por su labor de defensa de los derechos humanos. Dicha investigación además debe ser conducida con debida diligencia, y de manera exhaustiva, seria e imparcial.
Asimismo, la CIDH urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos, en especial de los líderes y lideresas campesinos/as e indígenas que se han visto particularmente afectados por esta situación de violencia y quienes enfrentan factores de riesgo específicos.
A continuación, añade que en el caso de mujeres defensoras de derechos humanos, el Estado debe tomar debidamente en cuenta que al riesgo inherente que encierra su labor se suma el contexto de discriminación en razón de su género. Por lo tanto, el Estado ha de adoptar medidas razonables para prevenir actos de violencia contra ellas y remediar el contexto de discriminación que promueve la repetición de estos actos. En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes, incluyendo la perspectiva de género y étnico-racial.
"En el contexto de discriminación contra las mujeres que subiste en Guatemala, las defensoras de derechos humanos han de desafiar los estereotipos machistas que reprueban su participación en la vida pública," afirmó la Comisionada Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH y Relatora para los Derechos de las Mujeres y de las Personas Afrodescendientes.
"Por su compromiso, se ven expuestas a actitudes misóginas, a amenazas de agresión sexual, a insultos basados en su género e incluso, a su muerte. La estigmatización y violencia contra ellas se extiende a sus familias y a sus comunidades, con claros componentes discriminatorios y racistas en el caso de las defensoras de origen indígena o afrodescendiente" subrayó.
“Urge que el Estado de Guatemala apruebe la Política Pública para la Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos” indicó el Comisionado Francisco Eguiguren, Relator de la CIDH sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. ”Cualquier avance en el proceso de aprobación de esta política debe hacerse en consulta con las organizaciones de la sociedad civil”, agregó.
Asimismo, la Comisión insta al Estado de Guatemala a dotar de los recursos necesarios y a llevar a cabo la formación necesaria a funcionarios del Ministerio Público para la efectiva implementación del Protocolo de investigación de delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos, aprobado el 14 de mayo de 2018 mediante Instrucción General de la Fiscal General 05-2018.

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