CC de Colombia determinó que inhabilidad para cargos públicos por no pago de condenas por responsabilidad fiscal es constitucional.

La Corte Constitucional de Colombia declaró exequible el numeral 4º y el parágrafo 1º del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, y el inciso 3° del artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

Cabe recordar que las normas demandadas establecen la consagración legal de la condena por responsabilidad fiscal como inhabilidad para desempeñar cargos públicos, y el deber de abstención de nombrar o dar posesión a quienes estén reportados en el boletín de responsables fiscales.

En su sentencia, la Magistratura Constitucional colombiana expuso que las normas objeto de reproche constitucional no violan el régimen de inhabilidades consagrado por el Constituyente para las ramas Ejecutiva y Legislativa, puesto que los apartes demandados contienen un requisito general para el acceso al ejercicio de la función pública, aplicable a todas las personas que aspiran a ser servidores públicos en igualdad de condiciones. Las restricciones al ejercicio de la función pública que se apliquen a la totalidad de los servidores públicos no buscan alterar el diseño constitucional de los órganos del estado. Asimismo, las disposiciones acusadas son proporcionales y razonables pues persiguen objetivos constitucionalmente válidos como son la garantía del interés general, la observancia de los principios que orientan la función pública, en especial la protección del patrimonio público y la transparencia, que son instrumentos para acreditar la confianza necesaria para la gestión de los bienes colectivos y de lucha contra la corrupción, como medida de protección del patrimonio público; y además el medio utilizado es adecuado para tal fin y no se encuentra prohibido por la Constitución o por el bloque de constitucionalidad, puesto que la responsabilidad fiscal derivada del proceso que adelantan las contralorías procede si está acreditado el elemento subjetivo de dolo o culpa grave en la afectación del patrimonio público. Por ello, las normas acusadas consagran una inhabilidad y un requisito para el acceso a los cargos públicos, con ocasión de la declaratoria de responsabilidad fiscal, que se caracteriza porque depende de la voluntad de quien resulta condenado, en el sentido de que la limitación cesa en el momento en que aquel pague la sanción impuesta por el detrimento al erario verificado por esa entidad.