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¿De qué hablamos cuando hablamos de armas?

Si a una persona le están tirando abajo una puerta o forzando una ventana de su casa, no parece lógico obligarle a confiar en que el 911 responderá a tiempo, algo que no siempre es posible en ningún país del mundo.

12 de noviembre de 2018

En una reciente publicación del medio argentino www.infobae.com se da  conocer el artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de armas?”, del abogado Carlos Manfroni.
Sostiene que en estos días, los medios generaron una polémica por una frase de la ministro de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de la tenencia de armas. Se trata de una polémica artificial, porque actualmente, todo el que quiere tener un arma y cumple las condiciones legales, que son mínimas, obtiene la autorización del RENAR y puede adquirirla y mantenerla bajo su dominio.
Si lo que se quiere discutir, en cambio, es el statu quo actual, y lo que se busca es un cambio hacia un desarme total, el escritor dice que conviene examinar los argumentos de los países donde la tenencia y hasta la portación es un derecho constitucional.

En los Estados Unidos, la segunda enmienda protege ese derecho

A continuación, Manfroni señala que cabe recordar que la Primera Enmienda ampara la libertad de expresión y la de religión. Por tanto, si a pesar de la gravísima e innumerable cantidad de matanzas que hubo a lo largo de la historia, mantienen esa cláusula, como mínimo hay que examinar qué argumentos la sostienen.
El derecho a tener armas, afirma, no sólo es considerado allí una prerrogativa constitucional, sino aún pre-constitucional, por tres motivos: uno de Derecho Natural, otro de derecho histórico y otro profundamente anti-fascista, contrariamente a lo que en Argentina ligeramente se dice.
Detalla que de Derecho Natural, porque el primer derecho humano es la vida, y así como los americanos no confían en el Estado casi para nada, tampoco lo hacen totalmente para defender la vida de los ciudadanos. Aún con el aparato de seguridad más eficiente del mundo, siempre habrá un margen de falla que haga que en el 20%, el 10% o el 5% de los casos, el Estado no llegue a tiempo para proteger a una persona en riesgo de ser asesinada. Por tanto, el ciudadano considera que nadie tiene derecho a hacerle correr ese riesgo. ¿Quién quiere ser parte de ese 10%? En pocas palabras, la premisa del monopolio de la fuerza por el Gobierno es demasiado alemana para ser aceptada por la primera democracia del mundo moderno.
El segundo argumento, de derecho histórico, deriva del hecho de que los colonos construyeron los Estados Unidos con sus propias armas y no con las del Estado, antes y después de la Independencia. No les parece lógico, por tanto, que un Gobierno les prohíba una facultad que ellos tenían antes de la Constitución.
Y el tercer argumento es profundamente antifascista, porque la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos considera que la práctica de desarmar a la población es propia de los Gobiernos totalitarios, como el de la Alemania nazi. Aaron Zelman, fundador de la organización "Judíos para la preservación de la propiedad de las armas de fuego" declaró en su momento: "Nunca sea tan confiado de la protección de un Gobierno como para deshacerse de sus propios medios de defensa. Un buen Gobierno jamás intentará que sus ciudadanos estén indefensos; un Gobierno perverso siempre lo hará".
Luego, Manfroni plantea que el temor a una dictadura, en un país donde nunca ha existido algo así, podrá parecer extraño, pero es real en un porcentaje muy amplio de la población. También en Suiza, sobre la cual nuestra tabla de creencias asume que no posee ejército, todos los ciudadanos en edad de manejar un arma, la mantienen en la casa y entrenan regularmente.
Ahora bien, arguye, si lo que está en discusión es la portación, eso es otra cosa, y resulta dudoso que nuestra caliente sangre italiana sea compatible con andar con un arma en un automóvil. Esto no parece conveniente autorizarlo, salvo a las fuerzas de seguridad. Pero, ejemplifica, si a una persona le están tirando abajo una puerta o forzando una ventana de su casa, no parece lógico obligarle a confiar en que el 911 responderá a tiempo, algo que no siempre es posible en ningún país del mundo. Lo importante es que las etiquetas no tapen el razonamiento, sobre todo cuando se debate sobre el riesgo ajeno.

 

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