Con un crecimiento presupuestario de 5,7%, uno de los mayores del erario para 2019, fue aprobada la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que contempla dineros netos por $1.286.433 millones. 
Cabe señalar que la asignación permitirá financiar las actividades de las dos subsecretarías y servicios dependientes, junto a la labor de las Corporaciones de Asistencia Judicial, instituciones que, en total, comprenden una dotación de 31.027 funcionarios.
Asimismo, se considera la operación de 76 unidades penales tradicionales, ocho establecimientos penales concesionados, 43 centros de administración directa del Servicio Nacional de Menores (Sename), 477 oficinas del Registro Civil y de Identificación, 41 sedes del Servicio Médico Legal, 16 Defensorías Regionales, 76 Defensorías Locales, tres Inspectorías Zonales y las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos. 
Uno de los temas más debatidos durante el trámite de esta partida fueron los recursos para los niños vulnerados en sus derechos, vinculados a través del Sename y las instituciones dependientes.
El Servicio considera para 2019 una asignación total por $237.319 millones, irrogando una expansión presupuestaria respecto de 2018 del 8,5%. De estos dineros se desprenden $118.278 millones para el programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales (se incrementa en un12,2%), que permite financiar la dotación total del personal (4.400 personas: 1.000 de los centros de administración directa de protección y 2.200 en los centros de justicia juvenil). 
Según se destacó, la expansión de recursos (cerca de $39.000 millones) se destinarán en un 93,2% a suplementar el financiamiento de la atención directa de niños, niñas y adolescentes. De ese monto, alrededor de $18.500 millones se aplicarán a atender las brechas en materia de la oferta del área de protección -proyectos de diagnóstico ambulatorio- y de los casos derivados por los tribunales de familia. Otro asunto relevante que será costeado con esos recursos será el aumento de la cobertura y calidad de vida en familias de acogida.
Otros ítems que recibirán financiamiento serán los programas de cobertura y calidad de vida de residencias en algunas regiones en que dicha oferta es inexistente. 
Los recursos también contemplan el mejoramiento de la infraestructura y habitabilidad de los Centros de Administración Directa en materia de justicia juvenil. Principalmente, se atenderán los requerimientos de reparaciones eléctricas y de centrales de alimentación y salud.

Residencias de Alta Especialidad

Además, se asegura la operación de la primera Residencia de Alta Especialidad, que se configura como uno de los pilares de la reestructuración de los actuales Centros de Administración Directa. Dicha ordenación será complementada en el ámbito de la salud por las Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva. 
Se proyecta que la primera Residencia de Alta Especialidad esté emplazada en la región Metropolitana y será inaugurada en el mes de diciembre próximo.
Asimismo, se consignará una cantidad importante de recursos a la reconversión de los Centros de Administración Directa a residencias de vida familiar.
Las cuatro primeras, de pronta apertura, estarán ubicadas en las ciudades de Valparaíso, Villa Alemana, Viña del Mar y Quillota. El próximo año se espera reconvertir aquellos centros instalados en Pudahuel, Galvarino, Arica y Nuevo Amanecer, en Concepción. Los restantes cambiarán su conformación en el año 2020. 
Dichas casas familiares estarán insertas en las localidades, con un máximo de 15 niños que duermen en la residencia y con más personal de trato directo con ellos y menos dedicado a labores administrativas.
Entre los datos aportados por el Ejecutivo se recordó que el Servicio Nacional de Menores será reemplazado por dos nuevos entes públicos, una vez que las iniciativas de ley respectivas completen su tramitación legislativa. Esto es: el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil y el Servicio Nacional de Protección Especializada de Niños y Niñas. Este último servicio, una vez en operación, estará bajo la tutela del Ministerio de Desarrollo Social.
Entre las novedades que se esperan para 2019 se encuentra la instauración del programa Mi Abogado, cuyo piloto fue inaugurado en 2017 y que se espera consolidar el próximo año. Su fin es otorgar representación jurídica a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad. 
En lo que se refiere a  su expansión, connotó que el año 2018 se espera atender a 1.930 menores; el año 2019 a 5.861, y, finalmente, el año 2020 las atenciones deberían elevarse a 11.980.

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