El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) presentaron, en la ciudad de Panamá, la publicación “La justicia penal adversarial en América Latina. Hacia la gestión del conflicto y la fortaleza de la ley", que contiene informes de 19 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Venezuela, República Dominicana, entre otros).
En los últimos 25 años se han logrado muchos avances en la implementación del sistema adversarial, pero aún hay un conjunto de problemas que requieren una nueva mirada y estrategias de intervención, que son los objetivos de este estudio.
El tema que aborda esta publicación es de mayor trascendencia para los sistemas de justicia de la región latinoamericana, y para la calidad de su democracia y de su Estado de derecho. El estado de la implementación de las reformas a la justicia penal en los últimos veinte a treinta años, ha buscado a acoger sistemas más acordes con sus constituciones democráticas y liberales aprobadas con antelación a las reformas procesal-penales, y a los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos también aprobados por muchos de los países de la región por esa misma época y años antes.
A partir de ese estado de cosas arrojado por los informes nacionales y basada en el análisis comparativo, esta obra pasa a formular propuestas para que esas reformas sigan consolidándose y logren los objetivos que se propusieron al ser aprobadas e implementadas en las legislaciones penales y procesal-penales de los países considerados.
Así, este estudio pretende, además de dar un diagnóstico crítico, hacer sugerencias de ajustes en las políticas públicas y ser de interés para los operadores de la justicia; jueces/juezas e integrantes del Ministerio Público, estudiosos/as del derecho penal, abogados/as litigantes y tomadores/as de decisiones, en tanto a todos/as ellos/as les atañe la superación de los rezagos aún existentes, en mayor o menor medida, en cada uno de los países de la región, del anterior sistema inquisitivo heredado en gran parte desde la Colonia: el formalismo, la permanencia de una estructura preponderantemente escrita en las actuaciones procesales, las debilidades en la litigación técnica, la verticalidad y concentración de los procesos, las falencias en la contradicción y el cumplimiento a veces tan sólo retórico de los procedimientos introducidos por las reformas, entre otros.
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