Ante el anuncio hecho por el Gobierno del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el que entrará en funciones el 1 de diciembre, respecto a un proyecto de un tren que cruzaría cinco estados del sureste de México, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional, declaró que “las nuevas autoridades deben garantizar que este megaproyecto se llevará a cabo sólo si los pueblos indígenas potencialmente afectados han dado su consentimiento previo, libre e informado”.
Añadió que “México debe respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional y consultar adecuadamente a los pueblos Indígenas sobre las acciones de Gobierno o políticas públicas susceptibles de afectar sus derechos al territorio y sus derechos económicos, sociales y culturales”.
Luego recordó que México ha suscrito a convenios e instrumentos internacionales que le obligan a realizar una consulta adecuada y exhaustiva, a fin de determinar si los intereses y territorios ancestrales de los pueblos indígenas serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier proyecto, como el denominado “Tren Maya”.
Por último, solicitó que la consulta informada debe cumplir con los criterios y requerimientos de participación e información necesarios para la toma de decisiones, incluidos estudios de impacto ambiental, social y de ejercicio de derechos humanos.

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