Diario Constitucional

Derechos a tener una familia y no ser separado de ella.

CC de Colombia acogió tutela y ordenó entregar custodia compartida de una menor de edad indígena a su padre y abuelos maternos.

Se observó que el accionante contaba con los medios económicos y afectivos para brindarle estabilidad y un hogar constituido a su hija.

Por Redacción·27 de noviembre de 2018·3 min de lectura
CC de Colombia acogió tutela y ordenó entregar custodia compartida de una menor de edad indígena a su padre y abuelos maternos.
Referencial

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela incoada por el padre de una menor de edad en su nombre y en representación de ella contra el Cabildo Indígena Central Kwe'sx Yu Kiwe.

En su libelo, el accionante indicó que se vulneraron los derechos fundamentales a tener una familia y no ser separado de ella, debido a que le negó la custodia definitiva de la niña de 5 años y determinó que esta debía ser entregada a los abuelos maternos, pues cuando falleció la madre la menor de edad permanecía con ellos.

En su sentencia, la CC colombiana señaló que la autonomía de los pueblos indígenas, aunque encuentra plena protección y reconocimiento constitucional, puede ser excepcionalmente limitada cuando las autoridades del estado tengan la certeza de que existe una situación de vulneración de los derechos de los niños indígenas. Lo anterior, por cuanto la Constitución protege de manera especial el interés superior del menor de edad indígena, el cual no solamente es vinculante para los jueces ordinarios, sino también para las propias comunidades indígenas y debe ser evaluado de acuerdo a su identidad cultural y étnica. En ese sentido, entregar la custodia exclusivamente a los abuelos maternos vulnera los derechos fundamentales del accionante y de la niña a tener una familia y no ser separado de ella, así como su interés superior, por cuanto los niños tienen derecho a estar bajo el cuidado de su progenitores y, por tanto, sólo pueden ser separados de ellos en virtud de su ineptitud para asegurar el bienestar del niño o controlar riesgos reales y concretos en su contra, los cuales deben ser probados por la persona que alega esta circunstancia y con las garantías propias del debido proceso.

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