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Sector público, irrealistas pretensiones de la mesa negociadora.

LyD afirma que reajustes por sobre la inflación esperada requerirían de mejoras en productividad laboral del sector y la implementación de indicadores objetivos y adecuados para medirla.

2 de diciembre de 2018

En una reciente publicación del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) se dio a conocer el informe “Sector público, irrealistas pretensiones de la mesa negociadora”.
Explica que como todo fin de año, se realizó la negociación del reajuste de remuneraciones del sector público (RRSP) entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público (MSP) liderada en gran medida por la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales ANEF. Producto de esta negociación, haya o no acuerdo entre las partes, el Gobierno envía un proyecto de ley al Congreso para fijar el reajuste, el cual comienza a regir desde diciembre de ese mismo año hasta noviembre del próximo.
Además, continúa, de la importante señal que se envía al sector privado en materia de reajuste de remuneraciones, hay que destacar el gran esfuerzo que para las finanzas públicas implica el financiamiento del RRSP, sacrificando en el camino proyectos alternativos relevantes de bienes públicos que proveer a la sociedad.
Para dimensionar el impacto fiscal de un RRSP, expone, es necesario tener presente que el gasto en personal representa el 20% del gasto total del Gobierno Central, ubicándose en segundo lugar después del gasto en subsidios y donaciones, y que los reajustes realizados en esta década han tenido un costo promedio equivalente al 3% del gasto total.
Ahora bien, detalla, reconociendo que el reajuste salarial pactado en estas negociaciones es importante para el crecimiento del subtítulo gasto en personal -y finalmente del gasto total- del Gobierno Central, éste no es el único elemento relevante que lo afecta. En términos generales, hay tres elementos a considerar. i) En primer lugar, y en términos generales, el incremento de los puestos de trabajo a nivel de Gobierno Central afecta claramente la masa salarial del sector público. ii) En segundo lugar, en estas negociaciones de RRSP se acuerdan dos elementos relevantes: a. el reajuste a las remuneraciones y subvenciones propiamente tal del sector público; b. el nivel o reajuste de una serie -muy larga algunas veces – de asignaciones, beneficios y demás retribuciones en dinero para el personal del sector público. En términos de costo para el erario fiscal, ambos elementos han sido relevantes, ya que históricamente el reajuste salarial ha representado en promedio 60% del costo fiscal total de esta negociación, mientras que los beneficios y asignaciones adicionales han representado alrededor del 40%.
Al respecto, dice LyD, llama la atención que la discusión pública se centra, transversalmente, sólo en el componente del reajuste del salario propiamente tal, dejando de lado todo análisis de los innumerables beneficios adicionales considerados, que, por ejemplo en el año 2017 pasaron a representar casi el 60% del total de recursos involucrados en la negociación. iii) Finalmente, en el transcurso de cada año se pueden aprobar en forma adicional nuevos proyectos de ley tendientes a mejorar remuneraciones o beneficios monetarios sectoriales que reciben empleados públicos específicos.
Con todo, arguye, aun cuando el crecimiento del gasto en personal del Gobierno Central muestra una elevada -coeficiente de correlación estimado por la Dipres de 0,85-, pero no completa relación con el porcentaje de reajuste de las remuneraciones del sector público aprobado y las contrataciones nuevas de este sector, desde el 2003 que el gasto en este subtítulo crece a tasas superiores a la combinación del reajuste pactado de salarios y de las nuevas contrataciones.

REAJUSTE SECTOR PÚBLICO 2018

Luego, LyD aclara que en el contexto de la negociación de este año, la MSP presentó sostenidamente exigencias desmedidas de reajuste de remuneraciones del sector público: lo inicialmente solicitado fue de 8% nominal, el cual se redujo sucesivamente a 7,5% y 6%, llegando finalmente a un acuerdo con la autoridad en un reajuste de remuneraciones de 3,5% .
Destaca que, en esta década, la mayor parte de las veces no se ha llegado a acuerdo en la negociación, reflejando su elevada dificultad. La demanda inicial (de 8% nominal) no sólo consideraba un reajuste de salarios, sino que también una serie de importantes y múltiples beneficios adicionales, las que en su conjunto implicaban un mayor gasto por US$ 3.500 millones. El 64% del costo total correspondía al reajuste de remuneraciones propiamente tal, mientras que el 36% restante correspondía al incremento de beneficios adicionales.
Finalmente, señala, el acuerdo alcanzado de 3,5% tendría un costo aproximado de US$ 1.800, en donde el 55% de los recursos fiscales utilizados serían destinados al incremento de las remuneraciones mientras el 45% restante iría a los beneficios adicionales. Hay que destacar que un reajuste superior a 3,5% no cuenta con ningún fundamento en mejora de productividad y que éste es el mayor registrado desde el 2015. En la comparación con otras fuentes alternativas de medición de salarios del sector público, hay que tener presente las diferencias metodológicas que presentan los distintos indicadores, lo que impide una comparación directa. En particular, el índice de remuneraciones del sector público estimado por el INE tiene diferencias metodológicas importantes con las remuneraciones brutas promedio estimadas por la Dipres, por lo cual sus evoluciones no son comparables. Ahora, si se compara el reajuste anual de las remuneraciones del sector público aprobado cada año con el crecimiento de las remuneraciones brutas estimadas por la Dipres, se observa que efectivamente el reajuste anualmente pactado es inferior al crecimiento de las remuneraciones efectivamente pagadas.
Enseguida, LyD puntualiza que más allá de los sucesivos ajustes a la baja en las peticiones de la MSP a lo largo de la negociación, los reajustes solicitados fueron a todas luces excesivas por las siguientes consideraciones: i) Un adecuado reajuste de remuneraciones de cualquier sector productivo debe tomar en cuenta dos elementos: por un lado, la pérdida de valor adquisitivo producto de la inflación esperada -la cual se estima en 3,0% promedio para el próximo año-; y por otro, el incremento en productividad laboral del respectivo sector. Dado que no hay estimaciones particulares de la evolución de la productividad laboral del sector público, una aproximación podría ser utilizar la productividad laboral de la economía como un todo. Estimaciones fijan este incremento entre -0,5 y 0,5% para los últimos años. Nada indica que se produzcan cambios sustantivos en este indicador en el corto plazo. Con todo, un reajuste nominal superior a 3,5% no habría tenido sustento económico alguno en la medida que no cambie la eficiencia del sector público, y que se mantenga la imposibilidad de medirla. ii) En 2017, estimaciones del INE muestran que las remuneraciones del sector público crecieron sostenidamente por sobre las del sector privado (en torno a +3% promedio). En 2018, en tanto, se observa un incremento menor que el sector privado (en torno a -1,4% promedio), posiblemente debido a que, en la negociación del 2017, el mayor esfuerzo fiscal (58% de los US$ 1.600 millones de costo) se destinó a los otros beneficios monetarios, y no a la remuneración, a la cual sólo se le destinó el 42% de los gastos fiscales. Estos aumentos no están capturados en el índice de remuneraciones del INE. iii) El impacto en las finanzas públicas de la primera petición de este año (8%), era tan elevado (US$ 3.500 millones), que llegó a ser equivalente al financiamiento en régimen de la reforma de pensiones, para el cual se han levantado innumerables voces desde la oposición mencionando que no cuenta con financiamiento. Este esfuerzo es especialmente relevante en un momento en el que a los distintos actores se les ha solicitado algún aporte a la austeridad fiscal. iv) Todas las demandas de la MSP generaban un costo fiscal muy superior a los costos de todas las negociaciones registradas en esta década. v) Como ya se ha planteado con anterioridad, en la negociación, además del reajuste salarial se negocian una serie no menor de beneficios monetarios adicionales, los cuales representan en promedio en torno al 40% del costo fiscal de estas medidas y que claramente van en beneficio directo de los empleados del sector público. vi) Hay estimaciones que reflejan la existencia de premios por trabajar en el sector público, reflejados en remuneraciones superiores a las equivalentes del sector privado. Aumentos excesivos sólo incrementarían esta brecha a favor del sector.
Por último, LyD concluye que los recursos involucrados en cada reajuste del sector público -unido a la gran cantidad de beneficios y bonos adicionales que también se negocian en ese momento- corresponden al proyecto más importante en términos de recursos presupuestarios de ese año. Es necesario avanzar en mejoras importantes del sistema de evaluación de desempeño de los funcionarios, de forma que los reajustes reales reflejen de forma más directa y transparente el desempeño de los trabajadores. Con avances en este punto, se podría avanzar en objetivizar el reajuste anual evitando el desgaste político y económico de estas negociaciones.

 

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