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Amnistía afirma que el Gobierno argentino tiene obligación de esclarecer hechos y sancionar a responsables por la muerte de Santiago Maldonado.

«Para la justicia argentina, nadie es responsable por la muerte de Santiago Maldonado, lo cual resulta inadmisible», dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

4 de diciembre de 2018

Amnistía Internacional asegura que la decisión de un tribunal de justicia argentino de cerrar la causa por desaparición forzada en el caso de Santiago Maldonado, sin antes esclarecer las causas que llevaron a su muerte o investigar las presuntas responsabilidades de las autoridades, contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
“Para la justicia argentina, nadie es responsable por la muerte de Santiago Maldonado, lo cual resulta inadmisible. Las autoridades judiciales deben asegurar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente para determinar las causas y el contexto de su muerte”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
A continuación, asevera que “desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en Argentina”.
Amnistía recuerda que el 29 de noviembre, un juez federal argentino cerró y archivó la causa que investiga la muerte y desaparición de Santiago Maldonado. De acuerdo con la resolución, Santiago “murió ahogado, sin que nadie pudiera advertirlo, sin que nadie pudiera socorrerlo. Ni los gendarmes que los perseguían en medio del operativo, ni los miembros de la comunidad a la que Santiago fue a apoyar en sus reclamos”.
Santiago Maldonado, un joven de 28 años, estuvo desaparecido por 70 días desde el 1 de agosto de 2017 tras la violenta represión de la Gendarmería Nacional a la comunidad Mapuche Pu Lof, en el Departamento de Cushamen, Provincia de Chubut. Pese a la constatación de que su muerte se dio en el marco de un violento operativo de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, la sentencia omite el contexto en el ocurrió su muerte.
Guevara manifiesta que es “imperativo que las autoridades argentinas esclarezcan los hechos, persigan todas las hipótesis que podrían haber llevado a su muerte y cumplan con su obligación de garantizar los derechos de su familia a la verdad, la justicia y la reparación”.
Por último, expresa que “las organizaciones de derechos humanos seguiremos haciendo el trabajo de denuncia en casos de violaciones a derechos humanos; es nuestra labor acompañar a las víctimas y exigir que se garantice su derecho a conocer la verdad y a que se sancione a los responsables”.

 

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