Diario Constitucional

Debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley.

CC de Colombia acogió tutela y dejó sin efecto destitución de un juez que declaró ilegal detención en caso de flagrancia.

La Magistratura Constitucional colombiana tuteló los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la igualdad ante la ley del accionante.

Por Redacción·05 de diciembre de 2018·2 min de lectura
CC de Colombia acogió tutela y dejó sin efecto destitución de un juez que declaró ilegal detención en caso de flagrancia.
Referencial

La Corte Constitucional de Colombia acogió la acción de tutela incoada por un juez contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y del Consejo Superior de la Judicatura.

En su libelo, el accionante indicó que se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la autonomía e independencia judicial, a la defensa y a la igualdad ante la ley, por haberle impuesto, en el marco de un proceso disciplinario adelantado en su contra como Juez Veinte Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bucaramanga, la sanción de destitución del cargo e inhabilidad general para el ejercicio de funciones públicas por el término de 10 años, producto de su decisión de declarar ilegal el procedimiento de captura de tres ciudadanos, al no encontrarlo ajustado a las hipótesis normativas consagradas en el artículo 301 de la Ley 906 de 2004 que regulan la situación de flagrancia.

En su sentencia, la CC colombiana, luego de advertir que debía pronunciarse sobre la tensión constitucional que se producía entre la facultad de controlar el adecuado ejercicio de la función pública de administrar justicia y la independencia y autonomía funcional que la Carta Política reconoce a los operadores jurídicos, consideró que la actuación que desplegó el accionante como juez de control de garantías hace parte integral de su ámbito competencial y, en esa medida, no resultaba ajena a su rol funcional de verificar la conformidad legal y constitucional de las decisiones jurisdiccionales que adopta la Fiscalía General de la Nación.

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