Ley penitenciaria.
CS remite a la Cámara de Diputados informe sobre proyecto de ley que establece sistema de ejecución penal.
Valora la posibilidad de que se establezca en el país la figura de los jueces de ejecución de penas; sin embargo, difiere de la propuesta que radicaría dicha competencia en los magistrados de los tribunales orales y de juzgados de garantía.

El pleno de la Corte Suprema analizó el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de ejecución de sanciones penales. Informe que fue remitido a la Cámara de Diputados ayer, miércoles el 5 de diciembre.
En su respuesta, el pleno de ministro valora la posibilidad de que se establezca en el país la figura de los jueces de ejecución de penas; sin embargo, difiere de la propuesta que radicaría dicha competencia en los magistrados de los tribunales orales y de juzgados de garantía.
El informe sostiene que se advierte el bienvenido propósito de someter la ejecución de las penas a un órgano jurisdiccional, estableciéndolos en el artículo 480 E el procedimiento (audiencia oral y pública). En esta materia, tanto la doctrina como el Tribunal Pleno de la Corte Suprema han expresado reiteradamente, su parecer de que es indispensable contar con tribunales especializados –jueces de vigilancia penitenciaria – jueces de ejecución– encargados de conocer y resolver los conflictos surgidos en el ámbito del Derecho Penal Ejecutivo, pronunciándose, en especial, sobre el tema de la Libertad Condicional, en que las decisiones desfavorables de la Comisión sólo son impugnables en la praxis a través de las acciones de amparo y protección, muy alejadas de un proceso constitucional, dotado de las necesarias garantías y por tanto, inadecuadas.
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