Amnistía solicita que la Corte Constitucional de Colombia analice de manera urgente la reciente sentencia dictada por un juzgado local en Apartadó contra German Graciano Posso, representante legal de la comunidad de Paz de San José de Apartadó, y que garantice ante todo los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Germán Graciano, un reconocido defensor de derechos humanos, enfrenta un proceso judicial en su contra, iniciado por la Brigada XVII del Ejército de Colombia, por sus denuncias a nivel nacional e internacional sobre la presencia de grupos paramilitares en el territorio de su comunidad y la inacción del Estado colombiano para investigar estos hechos y tomar medidas para protegerles.
“Germán Graciano y la comunidad de Paz llevan más de dos décadas de lucha por la justicia en el contexto del conflicto armado. La justicia colombiana no ha cumplido con su obligación de investigar las más de 300 muertes de integrantes de la comunidad, ni ha dado respuesta efectiva a las denuncias sobre presencia y accionar de grupos paramilitares en el territorio, ni la inacción del Ejército colombiano para detenerles”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
A continuación, señaló que “las denuncias de colusión entre militares y grupos paramilitares en Colombia son históricas y creíbles. Y a pesar de las amenazas que pesan contra sus vidas, las comunidades y las personas defensoras de los derechos humanos continúan valientemente denunciando”.
Enseguida añadió que “la justicia colombiana debe operar a favor de las víctimas del conflicto y no convertirse en un eslabón más para su revictimización y criminalización”.
De acuerdo a Amnistía desde hace más de 21 años, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó ha denunciado que se han perpetrado graves crímenes de derecho internacional en su contra, pero la impunidad sigue prevaleciendo en este caso. Por este motivo, y por el lento actuar de la justicia colombiana, la comunidad cuenta con medidas de protección de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la Corte Constitucional de Colombia.
Luego comenta que la Brigada militar instauró una acción de tutela en contra del defensor de derechos humanos Germán Graciano para que se retracte de sus denuncias públicas sobre las acciones paramilitares en la región. Un juzgado local falló a favor de esta tutela y le dio dos opciones a Graciano: retractarse o llevar las pruebas de lo denunciado.  Estas medidas no responden a los estándares que deben aplicarse a un grave caso de violación de los derechos humanos. Sin embargo, cuando Graciano se negó de cumplir con la tutela, una juez ordenó arrestarle a sancionarle con cinco días de prisión y una multa equivalente a cinco días de sueldo mínimo.
“Este caso es el fiel reflejo de que en Colombia prevalece la impunidad y desprotección de las víctimas que denuncian históricamente violaciones a sus derechos humanos sin que el Estado cumpla su obligación de investigar y protegerles. Continuaremos acompañando en solidaridad a la Comunidad de Paz, y apoyando a sus defensoras y defensores de derechos humanos”, indicó Erika Guevara Rosas.
Este caso, argumenta Amnistía, se enmarca en el contexto de desprotección y estigmatización de la labor de las personas y comunidades que defienden los derechos humanos, como es el caso de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Amnistía Internacional ha denunciado en repetidas oportunidades que el Estado tiene el deber de investigar las acciones mancomunadas entre grupos paramilitares y el Ejército de Colombia y debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.
También asegura que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó es un ejemplo de dignidad y resistencia pacífica frente al conflicto armado interno en Colombia. Desde 1997, miembros de la comunidad han declarado su posición de neutralidad frente a los actores armados presentes en su territorio y es reconocida a nivel internacional.

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