Por 121 votos a favor y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el informe de la Comisión investigadora de los actos del Gobierno respecto al eventual fraude en la ANFP y los efectos que tuvo su reestructuración posterior en su relación con las organizaciones deportivas profesionales, entre el año 2015 y el día 4 de abril de 2018.
El informe detalla que, en lo que respecta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no dio cabal cumplimiento a su deber de control y fiscalización respecto de la Asociación de Fútbol Profesional (ANFP), durante el período comprendido en la investigación, en el cual ejercieron la titularidad de la cartera Javiera Blanco y, posteriormente, Jaime Campos.
Se concluyó que si bien inició un proceso de fiscalización, este fue acotado a determinados temas sin involucrar otros tantos que tenían igual o mayor importancia desde la perspectiva del cumplimiento de los fines y el resguardo del patrimonio de la institución.
Se señaló, a su vez, que los antecedentes revisados dieron cuenta de múltiples irregularidades en la ANFP que no fueron tomadas en cuenta por el Ministerio de Justicia para su eventual investigación, tales como los contratos y vínculos comerciales entre la Asociación y empresas en que tienen participación representantes de los clubes que forman parte de la misma; irregularidades en las cuentas de la Copa América detallados en el informe auditor de Deloitte; y préstamos irregulares efectuado a los clubes, entre otros.
En lo que se refiere  a aquellos hechos o actuaciones que si fueron investigadas por el ente fiscalizador, se planteó que solo tuvieron como resultado el instruir cambios o modificaciones al interior de la ANFP, que una vez cumplidos, permitieron que se diera por terminado el proceso de fiscalización sin que existiera una continuidad en el control del órgano privado hasta la fecha.
"Lo que es aún más grave, todas las justificaciones o fundamentos dados por el organismo en la Comisión para no solicitar la cancelación de la personalidad jurídica, como es el principio de razonabilidad o el interés público que ostenta la ANFP, no se contienen en el acto administrativo por el cual se da por terminado el proceso de fiscalización y se decide finalmente no aplicar las sanción mencionada", se sentencia en el texto.
En cuanto a la Comisión para el Mercado Financiero y su antecesora, la Superintendencia de Valores y Seguros, se estimó que dio cumplimiento a la potestad fiscalizadora que le encomienda nuestro ordenamiento jurídico, estableciendo un procedimiento en cuanto a la forma y oportunidad en que se requiere la información a las organizaciones deportivas profesionales, el análisis que se hace de tales antecedentes y las sanciones que se deben cursar y se han aplicado a aquellas que no cumplen en tiempo y forma.

Otras entidades públicas evaluadas 

En relación al Servicio de Impuestos Internos, la Comisión consideró que "no cumplió íntegramente su deber de velar por la correcta aplicación y fiscalización de los impuestos de carácter interno respecto de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, el Comité Local Organizador 2015 del campeonato internacional de Copa América y las organizaciones deportivas profesionales inscritas en el Registro que lleva el Instituto Nacional de Deportes". "Actuó sin la diligencia debida al no ejecutar los controles necesarios y analizar la información de transferencias de dinero entre las entidades ya señaladas", reafirma.
El informe sostiene también que la Dirección del Trabajo, si bien ejerció su facultad de control y fiscalización del cumplimiento de las normas laborales y previsionales respecto de la ANFP y organizaciones deportivas profesionales, tuvo falta de diligencia y compromiso en el ejercicio de la potestad que la ley le otorga. "No resolvió, y hasta la fecha no lo ha resuelto, establecer un programa de fiscalización a nivel nacional de todas las organizaciones deportivas existentes", acota.
En lo que respecta al Instituto Nacional de Deportes, se concluyó que "existió un absoluto incumplimiento" en lo relativo a la fiscalización y control de las organizaciones deportivas profesionales, dado que no se actuó en orden a controlar si tales organizaciones cumplen con las múltiples obligaciones que establece la Ley sobre Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales.
"Tal inactividad es grave, ya que contaban de forma anual con los antecedentes y balances económicos de los clubes, enviados por la Comisión para el Mercado Financiero, quién además les informa de los incumplimientos y procesos sancionatorios llevados al efecto y, aun así, durante el periodo referido, el IND no inició proceso sancionatorio alguno, no aplicando las normas punitivas que contempla el cuerpo normativo antes referido", se comentó.
El informe también observa que el hecho que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Asociación Nacional de Fútbol Amateur compartan directorios genera desordenes administrativos y campos de acción muy amplios que no permite resguardar los intereses de ambas asociaciones que integran la federación. 
"Claramente hay un dominio absoluto del fútbol profesional y, más bien del negocio del fútbol, viéndose discriminados los clubes que integran el fútbol amateur, especialmente en el aspecto económico que recién ahora con la actual administración de la ANFP se reconoce que le transfiere los recursos que le corresponden desde la Federación (aunque esto fue desmentido por el Presidente de la ANFA)", se sentenció.
Además, se indicó que la ANFP, que tiene una naturaleza jurídica (sin fines de lucro) no acorde con una organización que mueve el negocio del fútbol, con ingresos anuales superiores a los 100 millones de dólares, "la deja prácticamente sin controles y fiscalizaciones efectivas, generando un ambiente que se presta para los abusos de los que fue objeto durante la administración de Sergio Jadue".
En el ámbito de las propuestas, el informe plantea modificar la naturaleza jurídica del ente que organiza, desarrolla y explota la actividad del fútbol profesional, de modo que este sujeto a mayores controles y fiscalizaciones tanto desde la perspectiva financiera y contable como también de las decisiones adoptadas en el seno de su gobierno corporativo. 
Por último, se propone establecer controles provenientes de distintos entes, tanto estatales como también de carácter privado; exigir por ley la creación de entidades de control interno como es el establecimiento de cuerpos independientes de auditores que sean designados por los clubes asociados a la entidad privada; y someter a la ANFP a la fiscalización de la Federación Chilena de Fútbol, entre otras.

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