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Mejoras en proceso de información.

Presidente de la CS anuncia mejoras en sistema de registro de inhabilidades de condenados por delitos sexuales contra niños y niñas.

El Poder Judicial realizó cuatro auditorías de revisión de todas las condenas y sistemas informáticos.

28 de diciembre de 2018

Con el objetivo de perfeccionar el sistema de registro de inhabilidades de condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, el Poder Judicial junto al Ministerio de Justicia y el Servicio de Registro Civil (SRCeI) realizaron desde el 2017 un esfuerzo por eliminar las inconsistencias en los sistemas y mejoras en el proceso de información.
Así, el Poder Judicial realizó cuatro auditorías de revisión de todas las condenas y sistemas informáticos, además de la firma de un complemento de un convenio que ambas instituciones mantienen desde 2007.
En este trabajo exhaustivo, la Corporación Administrativa del Poder Judicial envió al Registro Civil un total de 10.651 condenas con marcas de inhabilidad entre 2012 y octubre de 2018,  algunas de las cuales no estaba en el sistema por diversas razones. Luego del proceso, se certificó que las sentencias de noviembre de 2018 con inhabilidades estaban incluidas en el registro, dando cuenta del perfeccionamiento del sistema.
Esta adecuación incorpora al convenio vigente un anexo que recoge y perfecciona las obligaciones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial de proporcionar, en forma automatizada, la información relativa a sentencias, cumplimientos y quebrantamientos. Además, el Registro Civil se compromete a procesar y cargar la información en sus sistemas.
La ceremonia de firma de este Addendum del Convenio se efectuó ayer en el Palacio de Tribunales con la presencia del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito; del ministro de Justicia,  Hernán Larraín; del director del Servicio de Registro Civil, Jorge Álvarez; y del director de la Corporación Administrativa Poder Judicial, Ricardo Guzmán.
El presidente de la Corte Suprema Haroldo Brito señaló que este trabajo se ha realizado con gran rigurosidad "lo que nos llena de orgullo y de tranquilidad pues significa no solo el cumplimiento estricto de la normativa sino refleja un esfuerzo de obligarnos  ambas Instituciones a sistemas de control recíproco con el único fin de proteger y salvaguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hemos realizado todos los esfuerzos tendientes para mejorar los controles y el traspaso de la información de los tribunales al Registro Civil y así aplicar debidamente aquellas sanciones complementarias que son de muchísima importancia".
"Yo creo que el registro hoy día nos da absoluta seguridad que están incluidos aquellos que deben estar. Yo no tengo en ese sentido ninguna duda. Se ha hecho un trabajo particularmente serio", concluyó.
En el anexo se dispone, además,  una mejora del sistema de comunicación vigente, agregando la transmisión periódica de las bases de datos de sentencias condenatorias que impongan penas de inhabilidades absolutas perpetuas o temporales para trabajar con menores de edad, lo que permite disponer de mecanismos de controles recíprocos para verificar la base de datos del Registro General de Condenas y la Sección de Inhabilitaciones Impuestas por Delitos de Connotación Sexual Cometidos contra Menores de Edad.
El trabajo realizado incluyó, también,  instrucciones del Pleno de la Corte Suprema para perfeccionar el procedimiento de comunicación vigente en el convenio con el registro civil; poblar el Sistema Informático de Tramitación de causas (SIAGJ) de los tribunales con la marca que permita identificar claramente las causas en que corresponden las inhabilidades introducidas por la Ley N° 20.594, dentro del periodo anterior a su creación en el sistema informático; dar carácter obligatorio a la marca o "hito" que registra las inhabilidades en la sentencia condenatoria por delitos de connotación sexual en contra de NNA,  poblar los sistemas de tramitación de causas con variables sociodemográficas, referidas al sexo, fecha de nacimiento y nacionalidad de víctimas y condenados; e instar por la conformación de una mesa de trabajo que estandarice los formatos de datos y "glosas" para la transmisión y recepción de información, elaborando protocolos de actuación para el caso que el funcionario encargado de registrar la información necesite de alguna aclaración particular respecto de una determinada condena, entre otras.

 

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