Primera sala.
Impugnan ante el TC norma del Código Penal que define como empleado a todo aquel que desempeñe un cargo o función pública.
La gestión pendiente incide en autos penales sobre malversación de caudales públicos, seguidos ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 260 del Código Penal.
El precepto impugnado establece que: “Para los efectos de este Título y del Párrafo IV del Título III, se reputa empleado todo el que desempeñe un cargo o función pública, sea en la Administración Central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean de nombramiento del Jefe de la República ni reciban sueldo del Estado. No obstará a esta calificación el que el cargo sea de elección popular”.
La gestión pendiente incide en autos penales seguidos ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago, en que el requirente es querellado por el delito de malversación de caudales públicos.
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Con votos en contra.
TC se pronunciará respecto del fondo de inaplicabilidad que impugna norma que establece interrupción y suspensión del plazo de prescripción de la acción penal.
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