La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su profunda preocupación ante las denuncias de esterilizaciones forzadas contra mujeres indígenas en Canadá. La CIDH destaca que las esterilizaciones no consensuadas causan dolor y sufrimiento a las mujeres afectadas y representan una forma de violencia y discriminación de género. Por ello, la CIDH insta a Canadá a garantizar el acceso efectivo a la justicia de las sobrevivientes y sus familias, realizar investigaciones imparciales e inmediatas, establecer responsabilidades y tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la práctica de esterilizar a las mujeres contra su voluntad.
Al efecto, la CIDH señala haber recibido, de manera consistente y sistemática, informes de mujeres, niñas y adolescentes indígenas que afirman haber sido sometidas a esterilizaciones sin su consentimiento pleno, libre e informado en Canadá. La CIDH expresa su preocupación por los informes recibidos sobre esterilizaciones realizadas a mujeres indígenas sin su consentimiento en varias provincias canadienses, incluyendo Alberta, Manitoba, Ontario y Saskatchewan. La Comisión ha tomado nota de que las sobrevivientes describen experiencias similares, incluyendo procedimientos realizados en hospitales públicos, con mayor frecuencia mientras la mujer estaba en trabajo de parto, parto o poco después del parto. Algunas mujeres han reportado que se les realizó ligadura de trompas sin su conocimiento mientras se sometían a una cesárea; que fueron presionadas para que aceptaran esterilizaciones con amenazas relacionadas con la custodia y el acceso a sus hijos mayores o la detención de su hijo recién nacido; o que los médicos y los profesionales de la salud tergiversaron la naturaleza permanente del procedimiento para ellas.
Tras los informes de los medios de comunicación en 2015 que documentaron varios de estos casos, la antigua Autoridad Sanitaria Regional de Saskatoon encargó una revisión externa que confirmó la práctica actual de esterilización forzada en Saskatchewan y emitió varios "Llamados a la acción" para abordar las desigualdades dentro del sistema de atención a la salud. Como se ha dicho públicamente, en octubre de 2017 se presentó en esa provincia una demanda colectiva, aún pendiente, en nombre de 50 mujeres indígenas contra profesionales de la salud por haber realizado procedimientos de ligadura de trompas sin su consentimiento. Además, el 21 de diciembre de 2018, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura emitió sus observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Canadá. Tras recibir información sistemática de representantes de organizaciones de la sociedad civil y de funcionarios canadienses, el Comité expresó su preocupación por los informes sobre las extensas esterilizaciones forzadas o coaccionadas de mujeres y niñas indígenas en el país, y formuló recomendaciones específicas para hacer frente a esta forma de violencia por motivos de género.
"El fenómeno de la esterilización no consensuada es consecuencia de relaciones históricamente desiguales entre mujeres y hombres y ha tenido un mayor impacto en las mujeres en situación de vulnerabilidad. Las mujeres indígenas deben ser tratadas con dignidad y respeto y además están sujetas a protección especial debido a la discriminación histórica que siguen enfrentando", declaró la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH.
La Comisión destaca que, dado que las esterilizaciones quirúrgicas son procedimientos de gran importancia para la salud reproductiva de una persona, los controles para garantizar que el consentimiento se preste de manera libre, informada y voluntaria deben ser particularmente rigurosos. La Comisión también observa con profunda preocupación que en los casos de esterilización, la naturaleza libre del consentimiento puede verse socavada por la existencia de otros factores de vulnerabilidad, como la raza o el origen étnico, que no pueden utilizarse como base para limitar la libre elección de cualquier paciente en lo que respecta a los procedimientos de esterilización, en particular con el pretexto de que la medida es necesaria como medio de control de la población y la tasa de natalidad.
Además, la Comisión insta al Estado de Canadá a que ponga fin a la práctica de la esterilización forzada adoptando medidas legislativas y normativas para prevenir y tipificar como delito la esterilización forzada de la mujer. En particular, la Comisión insta al Estado a que defina claramente los requisitos de consentimiento con respecto al procedimiento de esterilización, de conformidad con las normas interamericanas sobre la materia; a que mantenga registros públicos y actualizados periódicamente sobre los informes de esterilizaciones forzadas, debidamente desglosados por género, etnia y otros criterios pertinentes; a que imparta capacitación integral a los profesionales de la salud; y a que sensibilice a las comunidades indígenas sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa.
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