El 25 de enero de 2019, tuvo lugar la ruptura de un dique de contención de residuos mineros manejado por la empresa minera Vale S.A. en la ciudad de Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, Brasil. Según información pública disponible, tal represa tenía un volumen de 12,7 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos, los cuales alcanzaron a la comunidad Vila Ferteco y a un área administrativa de la empresa. Hasta el momento, se contabiliza por lo menos 84 personas muertas, 24.000 personas evacuadas y alrededor de 276 personas desaparecidas, lo que incluye trabajadores directos y personal laboral tercerizado de la empresa Vale S.A..
Ante estos lamentables hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) expresan su profundo pesar y solidaridad hacia todas las víctimas y comunidades afectadas, así como su preocupación por la magnitud de la tragedia en términos humanos, ambientales y laborales, urgiendo a que las autoridades brasileñas y la empresa involucrada tomen todas las medidas necesarias para mitigar y evitar el agravamiento de los daños al medio ambiente, como para asistir y facilitar mecanismos de reparación a las víctimas y a sus familiares. De no tomarse medidas urgentes y apropiadas, las consecuencias de este desastre podrían ser irreversibles debido al impacto negativo que la contaminación de los suelos y el agua por metales pesados genera y los altos riesgos para la salud de las personas afectadas por la tragedia.
De conformidad al informe sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes e industrias extractivas de la CIDH, el Estado tiene el deber de proteger a las personas dentro de su territorio o jurisdicción contras todas las violaciones de derechos humanos cometidas por terceros, incluyendo a las empresas. En consecuencia, los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para regular, prevenir, investigar, castigar y asegurar el acceso a mecanismos eficaces de reparación por esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia de las empresas involucradas. La CIDH y su REDESCA también subrayan que las empresas deben respetar los derechos humanos no solo absteniéndose de infringirlos sino ejerciendo la debida diligencia en materia de derechos humanos, por ejemplo, evaluando con anticipación los riesgos que su actividad productiva o comercial puede generar sobre los derechos humanos, incluido el medio ambiente; adaptando medidas adecuadas de prevención; y, respondiendo ante los impactos negativos y violaciones a los derechos humanos que provoquen o contribuyan a provocar.
Por otro lado, ante los diversos cuestionamientos a la respuesta estatal y de las empresas involucradas en el caso de Mariana, y ocurrido un nuevo desastre en Brumadinho de magnitudes que habrían superado al primero, resulta especialmente preocupante la información que apunta a una posible flexibilización en las regulaciones relativas a la concesión de licencias en el sector minero en dicho país. LA REDESCA recuerda que la CIDH ya ha indicado que las obligaciones del Estado en la materia incluyen “el deber de prevención de violaciones a los derechos humanos, es decir, se aplica desde antes de autorizar una actividad y otorgar permisos, así como durante la implementación y el ciclo de vida del proyecto bajo examen mediante medidas de supervisión y fiscalización”. A esto se añade que en ambas tragedias se encuentre involucrada la misma empresa minera, Vale S.A, situación que el Estado deberá tener especialmente en cuenta al momento de determinar las responsabilidades y acciones que correspondan, incluida la reparación integral a las víctimas por parte de la empresa.
De lo anterior, la CIDH y su REDESCA urgen a que se activen de manera inmediata planes de emergencia, que incluyan acciones de mitigación, limpieza y restauración de la zona afectada tomando en cuenta los más altos estándares internacionales de cuidado para este tipo de desastres, a fin de no ocasionar mayores daños e incidentes en la salud de las personas y al ecosistema afectado. Además, deben tomarse medidas para garantizar los derechos laborales, en particular aquellos sobre seguridad y salud ocupacional, de los trabajadores de la empresa, como de aquellas personas que trabajan de manera tercerizada, extremar esfuerzos para ubicar el paradero de las personas desaparecidas, y asegurar que todas las víctimas de la catástrofe y sus familiares tengan acceso a una reparación integral, que incluya atención médica, psicológica y humanitaria. Para todo ello, es esencial que la empresa provea rápidamente toda la información relevante y necesaria relacionada con estos hechos y coordine con todos los órganos públicos que resulte oportuno, como la Secretaría del Medio Ambiente de Brumadinho, la Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría de Trabajo y Desarrollo Social del Estado de Minas Gerais o las autoridades federales brasileñas competentes a efectos de adoptar medidas adecuadas y respetuosas de los derechos humanos.
Vea texto íntegro del comunicado de prensa.
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