La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en consideración del reconocimiento parcial de responsabilidad internacional y el examen del caso, encontró al Estado de Colombia responsable de la violación del derecho a la vida e integridad personal, la desaparición forzada y posterior ejecución, violación de las garantías judiciales y de protección judicial, la violación de los derechos a la integridad personal, protección de la familia y los derecho del niño, y la violación al derecho a la circulación y de residencia; todo lo anterior, respecto de la muerte de tres miembros de una familia.
La Corte IDH constató la existencia de vínculos entre miembros de la fuerza pública de Colombia y grupos paramilitares. En ese sentido, estableció la relación que en ese momento habrían mantenido grupos paramilitares con el cuerdo de seguridad del Estado denominado Unidad Nacional Antisecuestro y Extorción (UNASE), integrado por miembros del Ejercito Nacional, Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Este vínculo se manifestó a través de acciones directas de apoyo, colaboración y coordinación, o bien por medio de omisiones de miembros de la Fuerza Pública que favorecían por aquiescencia o tolerancia las acciones de grupos paramilitares, y que terminaron con la muerte de los tres miembros de la familia.
Asimismo, la Corte concluyó que Colombia violó las garantías judiciales y la protección judicial, toda vez que las investigaciones no fueron llevadas a cabo con debida diligencia en un tiempo razonable para identificar, procesar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de dichos hechos. La Corte también concluyó que el Estado es responsable de la violación al derecho a conocer la verdad, en perjuicio de la víctima desaparecida.
En virtud de estas violaciones, la Corte ordenó diversas medidas de reparación.

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