CS rechazó casación contra sentencia que determinó que jubilación de Hernán Vodanovic como ex ministro del TC no está sujeta a límite de imponibilidad de 60 UF.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido contra la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que había confirmado el fallo del Quinto Juzgado Civil de Santiago, que a su vez acogió la demanda de revisión de pensión de jubilación interpuesta por Hernán Vodanovic, en su calidad de ex Ministro del Tribunal Constitucional, en contra del Instituto de Previsión Social, disponiendo que dicho servicio debe recalcular su pensión de jubilación y considerar para el cálculo las asignaciones de antigüedad y profesional que percibió, sin tope alguno ni limitaciones de imponibilidad, así como las asignaciones de responsabilidad superior y nivelación, limitadas a un tope de 60 Unidades de Fomento, más reajustes.

La sentencia del máximo Tribunal indicó que, tal como ha reiteradamente sostenido, el artículo 14 del Decreto con Fuerza de Ley N° 236, de 1968, liberó al Poder Judicial de los límites de imponibilidad y beneficio de pensión, en términos claros y categóricos, lo que es reiterado posteriormente por el inciso final del artículo 5° del Decreto Ley N° 3501, norma que no estableció una nueva excepción en favor de los personeros del Poder Judicial sino que, ante el cambio del sistema previsional vigente en el país a partir del año 1980, mantuvo la regla del artículo 14 del DFL N° 236, de 1968. Por su parte, el artículo 9° de la Ley N° 18.675, en su inciso primero, hizo imponibles diversas asignaciones y bonificaciones que se otorgaban en el sector público y, su inciso segundo, señaló: “En todo caso, la suma de las remuneraciones imponibles y no imponibles sobre las que deberán cotizar para pensiones, no podrá exceder los límites establecidos en el inciso 1° del artículo 16 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, y en el inciso 1° del artículo 5° del Decreto Ley N° 3.501, de 1980.”. Así, este precepto legal, de carácter general y de contenido fundamentalmente declarativo, no pudo derogar la norma especial contenida en el DFL N° 236, de 1968, agregado por la letra d) del artículo único del DL N° 970, de 1975. En efecto, si hubiere sido propósito del legislador de la Ley N° 18.675 abrogar dicho precepto especial, debería haberlo declarado así expresamente, eliminando la norma. Se ha señalado, también, que siendo menester precisar el alcance del inciso segundo del artículo 9° de la Ley N° 18.675, en relación con el artículo 14 del DFL N° 236, de 1968, dentro del contexto de dicha ley, es posible concluir que en virtud de aquel precepto de la Ley N° 18.675, debe hacerse efectivo el tope previsto en el inciso primero del artículo 5° del DL N° 3501, esto es, a 60 unidades de fomento, en la imponibilidad de la asignación judicial, criterio que armoniza con la vigencia de la regla contenida en el artículo 14 del DFL N° 236, de 1968.

El fallo concluyó que la tesis sostenida por los sentenciadores es la correcta pues otorgan al artículo 14 del DFL N° 236, de 1968, el alcance, extensión y dimensión que jurídicamente corresponde y han interpretado y aplicado el artículo 9° de la Ley N° 18.675 con su adecuada inteligencia, en rigurosa concordancia con la finalidad y voluntad del legislador.