Aunque pueden hacerla voluntariamente.
CGR determina que los Directivos del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica no están obligados a hacer una declaración de intereses y patrimonio.
El órgano contralor anteriormente sostuvo que al CIMM le son aplicables los principios básicos de gestión propios del derecho público, a pesar de tratarse de una corporación de derecho privado.

Se solicitó un pronunciamiento a la Contraloría General de la República –por parte de la Dirección Ejecutiva del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM)- para determinar si los miembros del Consejo Directivo y el Director Ejecutivo de esa entidad, se encuentran comprendidos dentro de los sujetos obligados a efectuar una declaración de intereses y patrimonio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4°, número 7, de la ley N° 20.880.
Al respecto, el ente contralor recuerda los artículos 3° y 4° de la referida ley N° 20.880, como asimismo los dictámenes N° 67.244, de 2009, y N° 41.297, de 2017, de su origen, y establece que los directivos de las corporaciones de derecho privado, en general, y los del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, en particular, no son de aquellos enumerados en el artículo 4°, número 7, de la ley N° 20.880, y por lo mismo, no son sujetos obligados a realizar DIP.
Agrega que cuando la ley N° 20.880 quiso someter a alguna autoridad de corporaciones privadas a cumplir la aludida obligación, lo estableció expresamente, como acontece en su artículo 4°, numeral 8°, el que, como se dijo, circunscribe dicho deber a aquellas personas que se relacionen en las formas que indica con la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, y a los directores y secretarios ejecutivos de las fundaciones, corporaciones o asociaciones reguladas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, hipótesis que no satisfacen las autoridades del CIMM, por las que se consulta.
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