La Corte Constitucional de Ecuador acogió la acción de protección y acepta la acción de incumplimiento de sentencia constitucional planteada por el requirente, debido al daño del ecosistema del río Alpayacu, declarando la vulneración al derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.
En su sentencia, la Magistratura Constitucional ecuatoriana indicó, como medidas de reparación integral, que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera, a través de su representante legal, disponga el inicio del procedimiento administrativo pertinente a efectos de establecer la responsabilidad de los servidores que estaban a cargo de otorgar permisos, licencias ambientales, permiso de uso de suelos, quienes por acción u omisión habrían permitido que la Granja Porcina La Isla, se instale y funcione desde el año 2006 hasta su cierre. El representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mera deberá informar a esta Corte sobre el inicio de dicho proceso dentro del término máximo de veinte (20) días a partir de la notificación con la presente Sentencia, así como cada 30 días.
Asimismo, estableció como media de satisfacción que el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Mera, a través de su representante legal coordine conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca una campaña masiva de información dirigida a los propietarios de granjas avícolas, porcinas, agrícolas y establecimientos en general que se asientan en zonas cercanas al Rio Alpayacu en el cantón de Mera para que realicen una campaña de difusión masiva sobre las ordenanzas existentes acerca de la regulación de estos establecimientos, les informen el trámite previsto para supervisar la actividad de dichos establecimientos y conjuntamente elaboren planes de remediación ambiental.
Finalmente, ordenó la publicación de un informe en donde indique a los habitantes de Mera sobre el estado de conservación de los recursos hídricos de la provincia; además, que informe sobre los planes de remediación ambiental existentes y su ejecución. Este informe deberá realizarse en el plazo de 3 meses desde la notificación con esta Sentencia y se enviará un ejemplar a esta Corte Constitucional.

Vea texto íntegro del comunicado.

RELACIONADO
* Los derechos de la naturaleza, una visión jurídica de un problema paradigmático…