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Por el grupo autodenominado "Comando Barneix".

CIDH expresa preocupación por falta de investigación a amenazas contra operadores de justicia involucrados en casos sobre graves violaciones a derechos humanos durante la dictadura en Uruguay.

La Comisión señala que un grupo formado por las personas amenazadas y por el Observatorio Luz Ibarburu denunciaron la falta de avances a la investigación sobre los responsables por las intimidaciones.

28 de febrero de 2019

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por falta de investigación respecto de las amenazas de muerte perpetradas por el grupo autodenominado Comando Barneix en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. En ese sentido, la Comisión urge al Estado a realizar investigaciones diligentes y de conformidad con los estándares en la materia.
Según la CIDH, de conformidad con información pública de 13 de febrero de 2019 –a dos años de las amenazas de muerte recibidas–, un grupo formado por las personas amenazadas y por el Observatorio Luz Ibarburu denunciaron, entre otras cuestiones, la falta de avances a la investigación sobre los responsables por las intimidaciones, así como la ausencia de respuestas de la presidencia de la República a sus solicitudes de informaciones sobre el caso.
Al respecto, mediante comunicado de 1 de marzo de 2017, la Comisión condenó las amenazas dirigidas a autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron de alguna manera en casos de violaciones a derechos humanos durante la dictadura. Dichas amenazas hacían mención al suicidio del general Pedro Barneix, quien se habría quitado la vida cuando la policía llegó para detenerlo por el supuesto delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974. En las intimidaciones también se afirmaba que a cada nuevo suicidio de militares y procesamientos por crímenes de la dictadura, serían asesinadas tres personas indicadas en una lista. Entre las personas amenazadas se encontraban el actual ministro de Defensa de Uruguay, fiscales, exfiscales, abogados, personas vinculadas al Observatorio Luz Ibarburu, y una investigadora italiana vinculada con la temática.
Por su parte, la Comisión ha destacado la especial gravedad de estas amenazas, al considerar que pueden aumentar el riesgo de que queden en impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Uruguay, además de que pueden menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia. En este contexto, la CIDH urge al Estado desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de las amenazas, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables. Además, la CIDH insta al Estado a adoptar de manera inmediata las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de este grupo de personas.
“El Estado tiene el deber de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura uruguaya. La falta de las investigaciones diligentes vulnera a los derechos a la verdad, justicia y reparación” afirmó la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para el país y para la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia. “Además, la ausencia de dichas investigaciones menoscaba la confianza a las instituciones de justicia”, señaló.

 

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