Iniciativa busca aumentar las penas aplicables al delito de malversación de caudales públicos.

La moción de los diputados Cicardini, Espinoza, Monsalve y Vidal expone que la malversación de caudales públicos atenta contra la probidad y credibilidad del gobierno, generando legítimas desconfianzas por parte de la población hacia éste.

Los autores sostienen que actualmente las penas existentes para los delitos de malversación no son proporcionadas con la gravedad de este delito, que atenta directamente con principios constitucionales de nuestra jurisdicción.

Expresan a continuación que aumentar estas penas se justifica pues el delito, además de afectar al erario público, en muchos casos puede llegar a perjudicar también a terceros, ya sean funcionarios públicos, por ejemplo, en el pago de sus sueldos que han sido malversados, los cuales deberán ser pagados igualmente con dineros estatales, o a ciudadanos no servidores públicos a quienes iban destinados los fondos malversados, por ejemplo, en remuneración por algún servicio prestado o destinados para ellos a modo de beneficio en el marco de algún proyecto de mejora social, habitacional, educacional, etcétera.