La moción de los diputados Cicardini, Espinoza, Monsalve y Vidal expone que la malversación de caudales públicos atenta contra la probidad y credibilidad del gobierno, generando legítimas desconfianzas por parte de la población hacia éste.
Los autores sostienen que actualmente las penas existentes para los delitos de malversación no son proporcionadas con la gravedad de este delito, que atenta directamente con principios constitucionales de nuestra jurisdicción.
Expresan a continuación que aumentar estas penas se justifica pues el delito, además de afectar al erario público, en muchos casos puede llegar a perjudicar también a terceros, ya sean funcionarios públicos, por ejemplo, en el pago de sus sueldos que han sido malversados, los cuales deberán ser pagados igualmente con dineros estatales, o a ciudadanos no servidores públicos a quienes iban destinados los fondos malversados, por ejemplo, en remuneración por algún servicio prestado o destinados para ellos a modo de beneficio en el marco de algún proyecto de mejora social, habitacional, educacional, etcétera.
Concretamente, la iniciativa establece la inhabilidad absoluta perpetua para aquellos empleados públicos que sean condenados por los delitos contemplados en los artículos 233, 235 y 236 del Código Penal como asimismo un tiempo de prescripción mayor para ciertos delitos vinculados a estas conductas delictivas.
Actualmente la iniciativa -en primer trámite constitucional- está siendo analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados.
Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis.