Recientemente, el autor colombiano Luis Ramírez Roa publicó un análisis sobre el panorama actual del conflicto armado en Colombia, a propósito del último atentado a la Escuela General Santander.
En el documento, se introduce el tema indicando que el conflicto armado en Colombia ha estado generando enormes violaciones de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario y prácticamente, toda clase de tratados que se han generado después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26-08-1789), en drástico aumento en las últimas décadas y en el presente, con el asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y su último acto rechazable desde todo punto de vista, el atentado sufrido con un carro bomba en la Escuela General Santander en Bogotá, el 17 de enero de 2019.
Luego, el autor expone que, en ese contexto, ante las decisiones del gobierno nacional de romper la mesa de diálogos con el ELN y de exigir a Cuba que capture y entregue los negociadores de dicho grupo armado al margen de la Ley, es un desconocimiento total de la política internacional y de los compromisos de los Estados y no de gobiernos al amparo del Derecho Internacional Humanitario y, en consecuencia, es un error grave de política internacional y adicionalmente, insostenible jurídicamente.
Enseguida, el autor agrega que es indudable que el atentado en la Escuela General Santander es un hecho de horror y crimen contra jóvenes estudiantes y no combatientes atribuible al ELN, que no solo viola el art. 11 de la Constitución Colombiana, sino que también, viola el DIH, en cuanto a la disposición de la regla establecida en el art. 50 del protocolo I a los Convenios de Ginebra [rarificado por Colombia con la Ley Nº 5 de 1960], que dice: “en caso de duda de la condición de una persona, se la considera civil”. Sin embargo, no entro por ahora en esa discusión, dado que estas líneas llevan otro propósito de conocimiento académico y es el análisis de la decisión del Gobierno Duque de romper las negociaciones de Paz con el ELN.
En ese sentido, señala que lo que actualmente quiere hacer el gobierno Duque -exigir al gobierno cubano que capture a los miembros del ELN y se los entregue-, no es posible, porque está violando la doctrina o principio del Derecho Internacional denominada “estoppel”, que no es otra cosa que la doctrina de los actos propios, conocida en latín bajo la fórmula venire contra factum proprium non valet, y proclama el principio general de derecho que establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad; es decir, prohíbe que una persona pueda ir contra su propio comportamiento.
Finalmente, se concluye que la petición y decisión tomada por el Gobierno Duque carece de fundamento jurídico y es una decisión errada desde el ámbito de política internacional, dado que un futuro será difícil que algún país sirva de garante a un proceso de paz o volveremos a un conflicto armado otros 60 o más años, que solo nos deja tristeza, desolación, huérfanos, dolor y rabia. Y tampoco, grupo alguno al margen de la Ley aceptaría entrar en negociación, si sabe que en cualquier momento el Gobierno rompe los protocolos, desconoce el DHI y solicita la captura de sus negociadores.
Vea texto íntegro de la publicación.
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