Por 96 votos a favor y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó constituir una nueva Comisión investigadora que se aboque a analizar la situación de la Corte de Apelaciones de Rancagua, enfocando las indagatorias en los actos del Ministerio de Justicia y del Gobierno, en el ejercicio de la función constitucional del Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados judiciales.
En el requerimiento, impulsado por 86 diputados y diputadas, se recuerda que la opinión pública ha tomado conocimiento que varios ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua estarían involucrados en presuntos hechos de corrupción que, de ser comprobados, revestirían una situación grave, tanto para el Poder Judicial en su conjunto, como para el ejercicio de la función jurisdiccional y la debida administración de justicia.
De acuerdo al texto de la solicitud, se espera que la Comisión fiscalice los actos del Gobierno y, en particular, del Ministerio de Justicia, que se hayan dictado con la finalidad de dar cumplimiento a su función constitucional y legal de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, correspondientes a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua o, en su caso, de la omisión que se haya hecho, con pleno resguardo de las facultades de los tribunales superiores de justicia.
Asimismo, el grupo parlamentario deberá fiscalizar los actos ejecutados por el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, en sus funciones relacionadas con los nombramientos de los funcionarios del Poder Judicial, en los que les haya correspondido intervenir.
Además se deberá indagar sobre los actos del Gobierno y de la citada cartera relacionados con la recepción, tramitación y resolución de denuncias que haya recibido el Ministerio relacionadas con eventuales irregularidades en el comportamiento de los jueces y demás empleados del Poder Judicial de la región de O'Higgins.
Para el cumplimiento de su propósito, la Comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
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