De forma unánime.
CS confirmó sentencia que rechazó recurso de reclamación de Corporación Educacional que fue sancionada con la privación del 20% de subvención.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del debido proceso.

En fallo unánime, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Santiago que rechazó el recurso de reclamación deducida en contra de la Superintendencia de Educación, por sancionar administrativamente a Corporación Educacional respecto del 20% de la subvención general por un mes, por no dar cumplimiento con la obligación de entregar información relativa a la disponibilidad de los recursos no utilizados.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del debido proceso, toda vez que considera que la facultad del Superintendente de Educación de conocer y resolver los recursos que la ley establece no puede ser delegable, porque al hacerlo afecta a las garantías del debido proceso, en particular, la garantía al juez natural, dado que se trata de una facultad jurisdiccional, debiendo responder a las garantías de un racional y justo procedimiento, siendo la autoridad llamada a conocer por ley y resolver los recursos el Superintendente y no el funcionario a quién le ha delegado dicha facultad (Jefe de la División Jurídica de la Superintendencia de Educación).
Cabe recordar que la Corte de Santiago expuso en su sentencia que, el artículo 43 de la Ley N° 18575 autoriza la referida delegación de funciones, previo cumplimiento de tres requisitos, a saber: a) la delegación deberá ser parcial y recaer en materias específicas; b) los delegados deberán ser funcionarios de la dependencia de los delegantes; y c) El acto de delegación deberá ser publicado o notificado según corresponda.
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