Juzgado Civil acoge demanda y ordena recalcular desahucios de funcionarios acogidos a capitalismo popular.

El Décimo Tercer Juzgado Civil de Santiago ordenó recalcular los desahucios de grupo de funcionarios de las Fuerzas Armadas que se acogieron a los planes del denominado "capitalismo popular", al momento de privatizarse empresas estatales pertenecientes de la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo).

La sentencia señala que con el mérito de la instrumental acompañada se tienen por acreditados los siguientes hechos: a) que los actores ejercieron la opción de compra de acciones de propiedad de la CORFO, de conformidad a la Ley Nº 18.747; b) que el precio de las acciones fue pagado con el anticipo de su desahucio; c) que ese anticipo correspondía a ‘una mensualidad' por cada año de servicio, con un límite máximo de 24 meses; d) que al momento de su retiro de la institución, nace el derecho del funcionario a exigir el pago del desahucio; e) que el monto del desahucio a percibir, es el equivalente a un mes de remuneración por cada año efectivo de servicio; f) que para el cálculo de la mensualidad, corresponde a la última remuneración imponible; y g) que si el funcionario ejerció su opción de compra, al monto total del desahucio a que tiene derecho a su retiro, se le descontará el número de mensualidades -un mes por año- que se le hubiere anticipado, percibiendo en definitiva el saldo

La resolución agrega que entonces corresponderá hacer lugar a la demanda en cuanto a la reliquidación del monto del desahucio que corresponde a los demandantes, conforme los años efectivos de servicio, en cada caso. Así, solo a modo ejemplar, en el caso del ex funcionario Miguel Ángel Peña Labra, se deberá tener en consideración los 34 años de servicio, 10 meses y 29 días que prestó servicios para la institución, y así, respecto de cada uno de los demandantes cuyos años de servicio sean superiores a 30 años.