La Cámara de Diputados realizó, a través de una resolución, un llamado al Ejecutivo para que proponga una regulación a través del Ministro de Bienes Nacionales, para el uso de las viviendas fiscales que utilizan los funcionarios de la administración pública a lo largo del país.
En el texto, ratificado por 129 votos a favor, dos en contra y diez abstenciones, se explica que la idea es administrar dichos inmuebles de manera racional y garantizar que sean destinados a funcionarios que tienen la necesidad, por un máximo de tres años y siempre que no tengan otra propiedad en la ciudad donde prestan servicios.
Luego se puntualiza que el Estatuto Administrativo dispone que "el funcionario tendrá derecho a ocupar con su familia, gratuitamente, la vivienda que exista en el lugar en que funcione la institución, cuando la naturaleza de sus labores sea la mantención o vigilancia permanente del recinto y esté obligado a vivir en él".
La disposición también define que, aún en el caso de que el funcionario no esté obligado por sus funciones a habitar la casa habitación destinada al servicio, tendrá derecho a que le sea cedida para vivir con su familia. En este caso, se agrega, pagará una renta equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo, suma que le será descontada mensualmente.
Además, se detalla que "este derecho podrá ser exigido, sucesiva y excluyentemente, por los funcionarios que residan en la localidad respectiva, según su orden de jerarquía funcionaria. Sin embargo, una vez concedido no podrá ser dejado sin efecto en razón de la preferencia indicada".
A su vez el texto resalta que el derecho mencionado no corresponderá a aquel funcionario que sea, él o bien su cónyuge, propietario de una vivienda en la localidad en que presta sus servicios.
Asimismo, se acota que "dicha regulación no es suficiente para caucionar el correcto uso de las viviendas fiscales para los funcionarios. Un ejemplo de lo anterior es que no se establece un plazo máximo y que con la voz 'sueldo asignado al cargo', los funcionarios hacen el cálculo para el canon de arrendamiento de dichos bienes con el sueldo base".
En este contexto, los impulsores de la resolución estiman que ha habido muchos abusos del citado derecho de uso y goce de viviendas fiscales por parte de funcionarios de la Administración del Estado, "amén de que algunos continúan gozando de dichos inmuebles aún después de haber perdido la calidad de funcionario público".
La propuesta fue planteada a la Sala por los diputados Mellado, Ossandón, Castro, Rathgeb, Urruticoechea, Flores, Jürgensen, Desbordes, Sauerbaum y Eguiguren.
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