CS revocó sentencia y acoge protección contra el MOP por terminar anticipadamente «contrata» de funcionaria que se desempeñaba allí desde hace más de cuatro años.

La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Talca, y acogió la acción de protección deducida en contra del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por poner término anticipado a contrata de una funcionaria al estimar que sus servicios ya no son necesarios para la Administración, lo que se materializó mediante la Resolución Exenta RA Nº97/389/2018 de 17 de agosto de 2018.

En su sentencia, el máximo tribunal indicó que, en el caso de la recurrente, se invoca una supuesta falta de idoneidad y una rebaja presupuestaria en gastos de personal, que no han sido demostradas, como tampoco lo ha sido que las funciones de la actora hayan sido suprimidas. La supuesta falta de idoneidad y aptitudes personales para el desempeño de las funciones por parte de la recurrente no se ve reflejada en sus calificaciones pretéritas, las cuales se mantuvieron siempre en lista 1 de distinción, circunstancia que sin duda, le valió para ser ascendida desde el grado 21 al 19 en la escala única de sueldos, durante el tiempo de su contratación.

Considerando lo anterior, la sentencia manifestó que la nueva determinación administrativa importa, en esta parte, una desviación de poder ya que por un lado reconoce que las funciones que desempeñaba la recurrente se mantienen, de modo que el acto se funda en hechos diversos a los que se desprenden de la resolución que pone término a la contrata, puesto que si bien aparentemente se fundamenta en un fin de interés general o particular del Servicio -desvincular a un funcionario cuyos servicios habían sido requeridos sólo de manera transitoria y, por tanto, ya no estaba justificado mantener su contratación- lo cierto es que las circunstancias expuestas en el mismo acto administrativo develan que la finalidad que tuvo a la vista la autoridad es otra, como lo es una necesidad de reducir personal por una supuesta rebaja presupuestaria y una falta de idoneidad de la actora para los requerimientos institucionales.