El proyecto de ley, iniciado por mensaje, propone un cambio significativo a la organización de los tiempos de trabajo y descanso, así como a la jornada ordinaria y extraordinaria, entregando a las partes un conjunto de herramientas para compatibilizar de mejor forma la vida laboral y personal del trabajador, mejorando además la productividad de la empresa, todo ello en un contexto donde la calidad de vida de las personas cobra un rol fundamental a la hora de elaborar políticas públicas.
Asimismo, se refiere que uno de los objetivos de mayor importancia de la presente iniciativa legal es la protección y creación de empleos a través de nuevas modalidades de contratación, las cuales, si bien ya son una realidad, aún no tienen una regulación específica en el Código del Trabajo.
Así, manifiesta que se hace necesario actualizar nuestra normativa, a fin de que ésta permita que estas nuevas relaciones se adecúen a la nueva realidad productiva, y, de esta forma, se evite la informalidad de que adolecen numerosas actividades por falta de una regulación adecuada que proteja los derechos del trabajador.
Por otra parte, en materia de inclusión de personas con discapacidad, se modifican algunas normas del Código del Trabajo, a fin de ampliar las posibilidades de contratación de empresas que cuenten con trabajadores con discapacidad a las Empresas de Servicios Transitorios (“EST”), lo que abre un conjunto importante de posibilidades de empleabilidad del trabajador con discapacidad.
A su vez, la iniciativa propone la ampliación del acceso al actual subsidio a la contratación a aquellos trabajadores que habiendo infringido la ley y luego de cumplir condena, busquen reinsertarse en el mundo del trabajo. De esta forma, se amplía el subsidio al empleo joven a quienes hayan cumplido condena o se encuentren cumpliéndola con el beneficio de libertad condicional o con alguna pena sustitutiva.
Igualmente, se propone terminar con la discriminación y exclusión de adultos mayores en el acceso a programas de capacitación de SENCE, eliminando el límite de edad que establecían los decretos N°28 de 2017, N°42 de 2014 y N°14 de 2011, todos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, consagrando esta nueva normativa en el Código del Trabajo.
De esa forma, releva la importancia de los adultos mayores en nuestra sociedad y les otorga herramientas para capacitarse y así, en la medida que ellos así lo quieran, mantenerse vigentes en el mercado laboral.
También reorganiza el capítulo referido a la protección de los niños, niñas y adolescentes en el mundo del trabajo del Libro I del Código del Trabajo, recogiendo las recomendaciones de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Convenio 138 de la OIT, relativo a la edad mínima de admisión al empleo, y el Convenio 182 de la OIT, relativo a peores formas de trabajo infantil. En ese sentido, se orienta principalmente a alinear los conceptos utilizados en nuestra normativa a aquellos utilizados por la OIT; fortalecer las acciones relacionadas a la erradicación del trabajo infantil y adolescente, regulando claramente las multas asociadas al trabajo infantil, a la participación de adolescentes en actividades consideras peligrosas y al incumplimiento de los requisitos asociados al trabajo de adolescentes; así como a regular con mayor precisión la jornada laboral del adolescente.
Finalmente, en materia de protección del trabajador frente a conductas de acoso laboral o sexual, se propone un procedimiento único, más eficaz y expedito a través del cual el trabajador pueda defenderse frente a estas situaciones, debiendo concluirse la investigación por parte del empleador y la Inspección del Trabajo, incluso cuando el contrato de trabajo de alguno de los involucrados durante el período de investigación haya terminado.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Trabajo y Previsión social del Senado.
Vea texto íntegro del mensaje, discusión y análisis.