Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 61 de la LOC de Municipalidades.
El precepto impugnado dispone: “El alcalde o concejal cuyo derecho a sufragio se suspenda por alguna de las causales previstas en el artículo 16 de la Constitución Política de la República, se entenderá temporalmente incapacitado para el desempeño de su cargo, debiendo ser reemplazado, mientras dure su incapacidad, de conformidad a lo establecido en los artículos 62 y 78”.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, en los que el alcalde requirente fue acusado por el delito de fraude al Fisco.
El requirente estima que el precepto impugnado vulneraría la igualdad ante la ley y el principio de inocencia, pues la sola circunstancia de encontrarse acusado de un delito como causal para suspenderlo del cargo de alcalde supone una discriminación arbitraria en su perjuicio, al tratarlo como culpable y aplicarle una sanción anticipatoria que se le aplica a ninguna otra clase de imputados. Asimismo, señaló que infringe el derecho a ser electo para ejercer cargos públicos, ya que no solo se establece la suspensión de su derecho a sufragio, sino que también lo presume inhabilitado para el ejercicio de su cargo sólo por encontrarse acusado de un delito que merece pena aflictiva.
La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.
Vea textos íntegros del requerimiento y el expediente Rol N° 6868-19.
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