Diario Constitucional

Foco de la propuesta.

CPLT entrega propuesta de Acuerdo Nacional Anticorrupción al Ministro del Interior.

El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, presentó a Andrés Chadwick un documento preparado por el organismo que reúne más de 40 medidas para servir al debate sobre modernización institucional derivado de la crisis de confianza ante casos de corrupción en entidades clave para la democracia.

Por Redacción·28 de junio de 2019·2 min de lectura
CPLT entrega propuesta de Acuerdo Nacional Anticorrupción al Ministro del Interior.
Referencial

La tarde del martes 25 de junio, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, hizo entrega al ministro del Interior -en calidad de vicepresidente- Andrés Chadwick, de una copia del Acuerdo Nacional Anticorrupción, propuesta de trabajo desarrollado por este organismo autónomo que reúne más de 40 medidas en materia de integridad pública y corrupción, y cuyo fin es servir al debate que se ha iniciado en materia de modernización de las instituciones del Estado.

El documento, según especificó el titular del CPLT busca aportar a la discusión iniciada a partir de situaciones de corrupción conocidas recientemente en instituciones centrales para el sistema democrático y a la discusión que se está dando en cuanto a calidad de la política y su mejoramiento. “El Ministerio del Interior está en un trabajo que les encargó el Presidente de la República sobre modernizar la calidad de la política. A nosotros nos parece que un pilar fundamental sobre esto es avanzar cualitativamente en integridad pública. Lo que estamos tratando de hacer es que esta agenda que nosotros vamos a proponer a través de nuestro documento de trabajo y que es una agenda preliminar pueda ser considerada”.

La iniciativa del Consejo reúne en un documento medidas en materia de transparencia, probidad y ética funcionaria en ocho ámbitos diferentes, entre ellos Poder Judicial, Parlamento, Ministerio Público, construido en base a un exhaustivo levantamiento de propuestas presentadas en las agendas de probidad y ética pública de los últimos 25 años –correspondientes a los años 1994, 2003, 2006 y 2015-, que no fueron implementadas por diversas causales, y de un barrido de las mejores prácticas de la experiencia internacional que persiguen prevenir la corrupción y resolver los conflictos de interés que se plantean entre autoridades.

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