TC de España respaldó por unanimidad aplicación del art. 155 de la Constitución Española en Cataluña.

El Tribunal Constitucional de España desestimó en su totalidad los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por el Parlamento de Cataluña, todos ellos contra el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 mediante el que se aprueban medidas en la Comunidad Autónoma de Cataluña requeridas por el Gobierno al amparo del art. 155 de la Constitución Española.

En sus sentencias, el TC español indicó que el art. 155 CE ha otorgado al estado un poder de coerción sobre las comunidades autónomas que permite la limitación de su autonomía en circunstancias extraordinarias, constituyendo un remedio excepcional, subsidiario y temporal, y una vía de último recurso; por ello, solo cabe utilizarla cuando se esté ante una actuación autonómica que incumpla la Constitución, el Estatuto de Autonomía u otras leyes o atente gravemente al interés general de España. Así, se trata de un procedimiento excepcional a utilizar para hacer frente a situaciones ante la que no existan otras vías que permitan el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La limitación de la autonomía que se deriva dela aplicación del art. 155 CE ha de ser temporal, pues no cabe ni la supresión de la autonomía ni su suspensión indefinida, ya que el fin de la intervención no es otro que restablecer el orden constitucional y, con él, el normal funcionamiento institucional de la comunidad autónoma en el seno de dicho orden.

A continuación, los fallos señalaron que el requerimiento del Gobierno al presidente de la Generalitat se formuló adecuadamente, pues se identificaban correctamente las actuaciones de las instituciones de la comunidad autónoma que habían dado lugar a aplicar el art. 155 CE, actuaciones que cuestionaron el mandato del art. 9.1 CE, de acuerdo con el cual todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y deben adecuar su actuación a sus determinaciones, y atentaron contra el interés general de España, en cuanto se discutió la preservación misma del estado español, intentando cuestionar su unidad e integridad territorial y constitucional. También se aprecia que el requerimiento formulado fue efectivamente desatendido en las dos respuestas dadas por el presidente de la Generalitat. En cuanto a la tramitación en el Senado, se rechazó que se incurriera en defecto alguno, destacando que el Senado pudo formar adecuadamente su voluntad, así como que se ofreció al presidente de la Generalitat intervenir ante la Cámara, ampliando así las garantías de la comunidad autónoma, posibilidad que no fue aceptada.