En respuesta a la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa de pedir al Estado italiano que tome medidas inmediatas para proteger los derechos de vivienda de las personas romaníes, Lucy Claridge, directora de Litigio Estratégico de Amnistía Internacional, declaró que “recibimos con gran satisfacción este importante paso del Comité, e instamos al gobierno italiano a que lo acate y ponga fin al discriminatorio desmantelamiento de campamentos romaníes y a los desalojos forzosos que no respetan las salvaguardias procedimentales y no ofrecen a las familias una vivienda alternativa adecuada.
A continuación, señaló que “es muy importante que no sólo se haya aceptado nuestra denuncia, sino que el Comité también haya decidido dar el excepcional paso de solicitar medidas inmediatas ‘para eliminar el peligro de daño grave e irreparable’ a las personas que han sido desalojadas”.
A su juicio, “es vergonzoso que en el siglo XXI, en uno de los países de Europa económicamente más potentes, algunas de las personas y familias más marginadas sigan sufriendo unas condiciones de vida tan deplorables y una discriminación endémica”.
Añade que “a pesar de que los desalojos forzosos de familias romaníes son ilegales, las autoridades italianas siguen llevando a cabo desalojos que dejan sin hogar a comunidades enteras. Esperamos que la decisión de hoy ponga fin a esta deplorable práctica”.
En respuesta al persistente escándalo de la situación en materia de vivienda de las personas romaníes en Italia, Amnistía Internacional presentó el 18 de marzo una denuncia ante el Comité Europeo de Derechos Sociales. Era la primera vez que la organización presentaba una denuncia acogiéndose al procedimiento de denuncias colectivas del Comité.
La denuncia, basada en varios años de investigación de la organización, especialmente en las ciudades de Roma, Milán y Nápoles, presentaba pruebas exhaustivas para denunciar cómo la situación en cuanto a vivienda de las comunidades romaníes en Italia es constitutiva de diversas violaciones de la Carta Social Europea, vinculante para Italia. Entre ellas figuran los desalojos forzosos generalizados, el persistente uso de campamentos segregados con viviendas que no reúnen condiciones de habitabilidad, y la falta de igualdad en el acceso a viviendas sociales.