En forma unánime.
CS confirmó sentencia que acogió protección deducida en contra del Ministerio de Educación por impedir a recurrentes el acceso a recibir estudios gratuitos en los programas en que se encuentran matriculados para el año 2019.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales de integridad psíquica e igualdad ante la ley.

La Corte Suprema confirmó sentencia que acogió protección deducida por veintidós personas en contra del Ministerio de Educación por impedir el acceso a recibir estudios gratuitos en los programas en que se encuentran matriculados para el año 2019.
Los recurrentes estimaron vulneradas sus garantías constitucionales de integridad psíquica e igualdad ante la ley.
En su sentencia, el máximo Tribunal adujo que es un hecho pacífico que los recurrentes se matricularon cuando el IPCHLE contaba con una acreditación de cuatro años de parte de la Comisión Nacional de Educación, de forma que, si se enlaza dicha circunstancia fáctica con el derecho a la educación superior garantizado en el artículo 1° de la Ley N° 21.091, sólo puede concluirse que los actores consolidaron su derecho a estudiar con gratuidad en el momento que se matricularon, sin que circunstancias posteriores y que no les son imputables, alteren dicha conclusión. De no considerarse así, los recurrentes verían conculcado su derecho a la educación superior, tanto por haberse matriculado cumpliendo los requisitos legales de acceso a la gratuidad sin poder acceder a ella, como también al haber desechado otras alternativas de estudio por tal circunstancia.
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