Buscan la prevención, fiscalización y sanción de la contaminación por malos olores.

La moción de los diputados Calisto, Castro, Cicardini, Garín, Molina, Morales, Pérez Olea, Pérez Salinas, Sabag y Verdessi, expone que si bien la Constitución garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, es imposible la eliminación absoluta de los malos olores, por lo que buscan su reducción a límites aceptables y tolerables para la mayoría de las personas. Además, los antecedentes muestran que la mayoría de los abusos e incumplimiento de normas sectoriales se produce en sectores socialmente vulnerables.

Agregan a continuación que, en el caso de Chile, los casos conocidos de contaminación por malos olores han estado asociados a labores productivas sin el debido cumplimiento de las normas medioambientales, por lo que cualquier posible sanción a quienes emitan elementos que dañen a las personas por vía aérea deben ser sancionados directamente en la raíz de su conducta; es decir, su fuente productiva, porque no se trata habitualmente de una acción cometida por un particular en su domicilio.

Al respecto, los autores sostuvieron que es una obligación del Estado resguardar el bien común, entendiendo que los olores molestos pueden llegar a ser nocivos para la salud de las personas, y que al Ministerio del Medio Ambiente le corresponde la tarea de proponer las políticas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones legales y los convenios internacionales vigentes, aunque de acuerdo al artículo N° 70 de la Ley de Bases del Medio Ambiente tiene pocas facultades ejecutivas, lo cual frena la potestad del Estado para garantizar los derechos constitucionales.