Diario Constitucional

En fallo unánime.

Corte de Punta Arenas rechaza protección de ganaderos por presencia de pumas.

El Tribunal de alzada descartó el incumplimiento denunciado.

Por Redacción·13 de agosto de 2019·3 min de lectura
Corte de Punta Arenas rechaza protección de ganaderos por presencia de pumas.
Referencial

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección presentado por asociación de ganaderos en contra de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y del secretario regional ministerial de Agricultura, por el supuesto incumplimiento de obligaciones reglamentarias en el manejo de especie protegida (puma), cuya presencia estaría afectando la actividad ovina en el sector Cerro Castillo.

La sentencia sostiene que el reproche referido en el considerando precedente, adolece de la precisión que este arbitrio constitucional exige, incumpliendo el primero de los requisitos señalados en el fundamento segundo, a saber, que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que en el presente caso efectivamente los recurridos han realizado el acto o incurrido en la omisión que se les atribuye.

La resolución agrega que se extraña en la descripción de los hechos fundantes del recurso, el señalamiento de alguna circunstancia fáctica, precisa y determinada que haya provocado una amenaza, amago o perturbación de los derechos que se invocan a favor de la recurrente y del que sería titular un determinado sujeto; o en qué circunstancias esos hipotéticos ataques de pumas a animales domésticos o amenazas a la integridad psíquica o física de algún recurrente se habría producido así como el monto del daño patrimonial efectivamente causado. No se sabe cuál, cuáles ni menos cuántos eventos concretos y determinados respecto de los recurrentes habrían motivado la interposición de la presente acción constitucional, afectando los derechos que indican y de los que serían titulares. Tampoco se explica ni desarrolla en el recurso cómo o de qué forma se habría incurrido en la omisión de alguna actuación o conducta específica de las entidades recurridas que les fuera exigible o en el incumplimiento de una obligación en la esfera de sus respectivas competencias y que, eventualmente, deviniese en vulneraciones a las garantías que se dicen conculcadas.

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