La Corte Suprema revocó sentencia y acogió protección contra el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por haber dispuesto la no renovación de contrata de recurrente para el año 2019.
En relación con los hechos, consta que la relación estatutaria a contrata de la recurrente ha existido de manera continua desde el día 16 de marzo de 1998, habiendo sido prorrogada en el último período hasta el 31 de diciembre de 2018.
La recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional de igualdad ante la ley y su derecho de propiedad.
El máximo Tribunal indicó en su sentencia que, reiteradamente, esta Corte ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
En ese sentido, el fallo agrega que la circunstancia de haber permanecido el recurrente en el cargo a contrata por 20 años, generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que su relación estatutaria sólo puede terminar por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie. Por ello, la decisión de no renovar la contrata del actor, ha devenido en una vulneración de las garantías constitucionales por ella invocadas.
Cabe señalar que el fallo fue acordado con el voto en contra del Abogado Integrante Pallavicini quien fue del parecer de confirmar la sentencia apelada que rechazó el recurso de protección, teniendo para ello presente sus propios fundamentos.
Vea texto íntegro de la sentencia de la Corte Suprema Rol N° 8396-2019 y de la Corte de Santiago Rol N° 89625-2018.