El 27 de octubre se cumplen siete años de que Luciano Rendón, entonces de 18 años, fuera golpeado por brigadistas en Peñalolén. Las lesiones fueron tan graves que, hasta hoy, lleva casi una decena de intervenciones y sufre a diario secuelas por la golpiza.
Su familia concurrió hasta la Comisión de Derechos Humanos con el objetivo de solicitar que, a través de un programa dependiende del Ministerio de Salud, en 2020, se destinen recursos para el acompañamiento de quienes han sido víctimas de violencia política.
“La demanda de salud es de por vida. Nuestro hijo va a su séptima neurocirugía. Brandon Hernández Wentecol, otra víctima, ha tenido ya 18 cirugías y esto sigue de por vida”, explicó el padre de Luciano, Miguel Ángel Rendón.
En su presentación, agregó que “ es fundamental trabajar con los equipos de salud y también con el Ministerio Público para poder hacer un ordenamiento y clasificaciones exhaustivas de los casos que estarían en esta categoría de violencia política, que hoy no está consignada como tal”.
Para esto, en la Comisión se señaló que es importante avanzar en la tramitación de un proyecto de ley despachado de la Cámara al Senado y que, justamente, crea este delito.
La presidenta del grupo parlamentario, diputada Nuyado, explicó que el llamado proyecto “Ley Luciano” fue despachado de la Cámara, por lo tanto, se “requiere que el Senado, prontamente pueda darle término y es la preocupación que tiene la familia”.
Luciano quedó con un 75% de discapacidad severa y permanente. Hace un tiempo, los médicos le señalaron que su placa en el cráneo está suelta por un tornillo mal puesto, lo que exigiría una séptima neurocirugía. Además, tiene estrés postraumático. Su vida fue absolutamente postergada, no ha podido estudiar y durante estos seis años ha estado confinado en su habitación.

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