Corte Suprema acoge recurso de queja y repone multa aplicada a oficina de Defensoría Penal licitada

En fallo dividido, la Corte Suprema acogió un recurso de queja y mantuvo la sanción de 38 UF que aplicó la Defensoría Penal Pública de Arica y Parinacota, a la sociedad licitada Servicios de Defensa Jurídica Especializada Limitada.

La sentencia sostiene que como se puede apreciar, contrastando los hechos mencionados en el motivo quinto precedente con las disposiciones transcritas en el considerando anterior, queda de manifiesto que las omisiones imputadas por el recurrente a la sociedad reclamante infringen los estándares de información y de gestión administrativa invocados en la resolución sancionatoria, contravención formal que, por su sola concurrencia, implica la afectación del derecho del usuario a ser adecuadamente informado, mediante actuaciones debidamente registradas y practicadas por su defensor o defensora titular o quien la subrogue cumpliendo las exigencias legales.

La resolución agrega que lo anteriormente concluido ha de entenderse, se insiste, con independencia de las gestiones realizadas por la prestadora para obtener el abono de tiempo a la condena de su representado, o de la circunstancia de no haberse éste encontrado al momento de las visitas en el Centro de Estudio y Trabajo en que cumple su castigo, por cuanto los estándares infringidos se limitan a regular aspectos formales de la relación entre la Defensoría Penal, los prestadores de servicios y los destinatarios, formalidades que, como se ha dicho, fueron incumplidas.