En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago condenó al Fisco a pagar una indemnización total de $70.000.000 a Gabriela Leonie Rosas Iracabal, víctima de detenciones ilegales y torturas, y a su hijo de 3 años en la época de los hechos.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada por el 21° Juzgado Civil de Santiago, con declaración de que se aumenta la indemnización por daño moral que deberá pagar el Estado a Rosas Iracabal a la suma de $50.000.000; y a su hijo Marcial Alejandro Arredondo Rosas, a $20.000.000.
La sentencia sostiene que conforme a los hechos establecidos, el Tribunal a quo ha establecido la responsabilidad del Estado en la detención ilegal y los apremios ilegítimos sufridos por la actora, así como respecto de su hijo, quien fue separado de ella a la edad de tres años, siendo entregado a su abuelo.
La resolución agrega que respecto de la primera, cabe consignar que ella fue torturada física y sicológicamente, fue violada en reiteradas oportunidades por individuos que formaban parte de los centros de detención a que fue llevada, del mismo modo fue abusada sexualmente en diversas ocasiones y fue separada de su hijo menor de edad del que no supo por largo tiempo.
Añade la resolución que el daño físico y sicológico sufrido por ella es evidente y debe ser indemnizado por una suma que, aunque no logre eliminar el perjuicio sufrido, lo mitigue de alguna forma, por lo que estos sentenciadores estiman que debe ser fijado en la suma de $50.000.000.
Por último, en cuanto al demandante Marcial Arredondo Rosas, también resulta palmario el daño sicológico que ha sufrido, en su primera infancia al ser separado abruptamente de su madre y estando apartado de ella por un tiempo, lo que le ha afectado en su vida, por lo que a su respecto también debe regularse una suma que de alguna manera mitigue el dolor y daño sufrido, siendo en todo caso una suma menor que la señalada respecto de su madre, en este caso se fija una indemnización por un monto de $20.000.000.

Vea textos íntegros de las sentencias rol 2.356-2019 de la Corte de Santiago y de  primera instancia.

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