Pese a que tenía plazo hasta el miércoles 25 de septiembre, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, presentó con anticipación su defensa a la acusación constitucional impulsada en su contra.
Cabe señalar que el texto que hace referencia a la cuestión previa, vale decir la admisibilidad y procedencia jurídica del mismo, precisa que el documento no cumple con los requisitos establecidos por la propia carta fundamental.
En ese contexto, la defensa busca desestimar la acusación basándose en cuatro argumentos:
– No respetar el carácter de último recurso o última ratio que debe tener por su envergadura toda acusación constitucional.
– No verificar las causales establecidas en la Constitución para que esta proceda.
– La existencia de imputaciones por hechos que no son responsabilidad de la ministra.
– No cumplir los estándares mínimos del debido proceso que permitan conducir un proceso racional y justo.
El abogado Francisco Cox, representante de la secretaria de Estado, dijo que la réplica ingresada se hizo por escrito, dado que, al ser este un tema jurídico, la "lectura reposada" permite que se analicen todos los antecedentes.
Destacó que "hemos decidido acompañar toda la prueba que sustenta cada una de nuestras argumentaciones en la contestación, ya que creemos que la oportunidad para hacer una defensa oral es ante la Sala de la Cámara”.
De acuerdo al diputado Morales, presidente de la comisión que analiza el libelo, la recepción de la defensa de la ministra permite acotar los plazos para pronunciarse respecto de la acusación.
El legislador precisó que la idea es aumentar la duración de las sesiones de la instancia, las que se prolongarán hasta el viernes o sábado de ser necesario, para recibir los testimonios de todas las personas invitadas.
Enseguida explicó que “con ello, el día lunes 30 pasaremos a la votación del informe definitivo y, el martes 1 de octubre, pasaría a la sala para su votación definitiva, por parte de todos los diputados”.

Acusadores

Para el diputado Santana, impulsor de la acusación, el contenido de la defensa ministerial no es inesperado, a diferencia de un informe de Contraloría conocido en las últimas horas, sobre el uso de recursos públicos en la campaña comunicacional del proyecto Admisión Justa, lo que reafirmaría los argumentos del libelo y la tesis de que “la ministra ha estado mintiendo y haciendo uso inadecuado de medios y recursos que son para informar a la comunidad y no para emitir juicios políticos o fines propagandísticos”.
Respecto al trabajo de la instancia durante la última jornada de audiencias, la comisión recibió al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien señaló que a juicio del gremio se ha percibido “una falta de compromiso de la acusada con la legislación vigente, con el nuevo sistema de admisión que se está implementando”.
“Sabemos que, como profesores, nosotros no podemos emitir un pronunciamiento jurídico porque no es nuestra expertiz, pero podemos decir que las omisiones de la ministra han generado daños graves a la educación de los niños, debido al incumplimiento de las obligaciones que tiene un ministro de Estado”, sostuvo.
Cabe agregar que la instancia también recibió en la presente jornada a los abogados constitucionalistas Sergio Verdugo, Pedro Anguita, María Paz Canales y Humberto Nogueira, quienes entregaron su respectiva visión jurídica del libelo.

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