La Corte Constitucional de Colombia estudió la tutela presentada por la comunidad indígena Mokaná de Malambo, a través de su Gobernador Roque Blanco Martínez, contra el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S.
Respecto a los hechos, consta que la comunidad accionante denunció que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante, ANLA) emitió la Resolución No. 1382 del 29 de octubre de 2015 en la que concedió licencia ambiental para el proyecto vial Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. Sin embargo, en su artículo 1° estableció que en el área del proyecto no se registraba presencia de comunidades tribales, sin advertir la presencia de la comunidad Mokaná. Como consecuencia de lo anterior, se cerraron caminos ancestrales que obligaron a la comunidad a realizar desplazamientos adicionales e incidió en la posibilidad de transportar sus productos. Adicionalmente, mencionó que, en la zona donde se ejecutaba el proyecto, se encontraban vestigios arqueológicos de la comunidad, los cuales habían sido extraídos arbitrariamente y, en ocasiones, destruidos.
A continuación, en virtud de los hechos descritos, la accionante aseguró que se habían vulnerado los derechos fundamentales a la consulta previa, a la identidad cultural, a la diversidad étnica, social y cultural, a la autonomía, a los derechos de los niños a la vida e integridad personal, al debido proceso y al patrimonio cultural de la Nación. Además, solicitó la adopción de una medida provisional, consistente en la orden inmediata de suspensión de la aplicación de la Resolución No.1382 del 29 de octubre del 2015.
En ese contexto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla negó el amparo requerido, pues consideró que no había ninguna comunidad étnica en el área de influencia del proyecto, de conformidad con la citada certificación del Ministerio del Interior.
Por su parte, la Magistratura Constitucional colombiana advirtió que la metodología de contraste cartográfico empleada para constatar la presencia de comunidades étnicas en los municipios en los cuales se desarrolla el proyecto fue insuficiente. Lo anterior, debido a que la comunidad Mokaná se encuentra dispersa en varios municipios del Departamento del Atlántico. En su lugar, resultaban pertinentes los conceptos expresados por dicha cartera ministerial ante la Gobernación del Atlántico conforme a los cuales el pueblo Mokaná tiene asentamientos en los municipios por los cuales pasa el proyecto.
Asimismo aduce que si bien las autoridades Mokaná informaron sobre su existencia en la zona, la Concesión Cartagena Barranquilla S.A.S. y el Ministerio del Interior no le dieron trascendencia a este hecho. Por consiguiente, vulneraron el derecho a la consulta previa de esta comunidad, al obviar el carácter material y sustancial que tiene el reconocimiento de las comunidades indígenas y defender un acto administrativo sin considerar la realidad. En suma, no se llevó a cabo ninguna actividad tendiente a la protección de los derechos de las comunidades diferenciadas.
Por último, la Corte decidió ordenar que, bajo la dirección del Ministerio del Interior, la ANLA, la Agencia Nacional de Infraestructura y la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., convoquen a la comunidad indígena Mokaná al desarrollo de un proceso de consulta previa en relación con el proyecto vial Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad. Igualmente, dispuso que la Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) presenten a la comunidad indígena Mokaná los resultados, definitivos y/o preliminares, de los análisis efectuados a los materiales arqueológicos hallados en desarrollo del proyecto vial Cartagena-Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.
Vea texto íntegro de la sentencia T-444-19.
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