En fallo unánime.
CS acoge protección de comunidades diaguitas contra plan regulador intercomunal de Elqui.
El máximo Tribunal consideró que hay eventual afectación a las comunidades indígenas, de acuerdo a los preceptos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En fallo unánime, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y ordenó al Gobierno Regional de Coquimbo revisar el Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui para analizar una eventual afectación de derechos de las comunidades Diaguitas en seis puntos de la zona.
La sentencia sostiene disintiendo de lo razonado por la Corte de Apelaciones de la Serena, esta Corte Suprema estima indispensable recordar que el Convenio Nº 169 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, fue promulgado en Chile el 2 de octubre de 2008, entrando en vigencia a partir del 15 de septiembre de 2009, con anterioridad al inicio del procedimiento de confección del instrumento de planificación cuestionado en este arbitrio. En el literal a), del numeral 1º, de su artículo 6º, el citado Convenio ordena: «Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. A su turno, el literal siguiente prescribe, como segunda exigencia para cada gobierno suscribiente: «Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan».
Agrega que si bien la segunda de las obligaciones reseñadas se cumplió únicamente mediante la dictación del Decreto Supremo Nº 66 de 2014 del Ministerio de Desarrollo Social publicado el 4 de marzo de aquel año, en aquel momento el procedimiento de elaboración del PRIE se encontraba lejos de llegar a su conclusión, hito que se produjo recién el 10 de abril de 2019, con la publicación del decreto que lo tuvo por aprobado. Regulando esta situación, el artículo único transitorio del mencionado Decreto Supremo Nº 66, expresa que: «La substanciación y ritualidad de los procesos de consulta iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de esta normativa, se regirán por las normas del presente reglamento una vez publicado. Para dicho efecto los procesos ya iniciados deberán homologar la etapa en que se encuentren a la etapa que corresponda definida en este reglamento, respetando todo lo obrado previamente y adoptando los cambios que sean necesarios desde la etapa que se encuentren en adelante.
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