Sesionó la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional presentada en contra del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, con la presencia de los ministros de Justicia y OOPP, Hernán Larraín y Alfredo Moreno, respectivamente. 
En la ocasión, ambos representantes del Ejecutivo se refirieron al Estado de Emergencia decretado tras estallar el conflicto, decisión que fue avalada durante sus presentaciones.
El ministro Larraín sostuvo que la decisión fue necesaria y proporcional a la gravedad de los hechos que estaban ocurriendo, considerando que muchos alcaldes estaban solicitando la acción de la autoridad para impedir que los desórdenes continuaran produciéndose.
"El Estado de Emergencia no solo era necesario y proporcional, sino que era lo que había que hacer para detener los hechos de violencia”, remarcó.
El titular de la cartera de Justicia agregó que “la dictación de este Estado de Excepción ha estado en línea con lo que se establece en la comunidad internacional, cumpliendo con sus tres principios básicos: que sea necesario, proporcional y hecho de acuerdo a la legalidad vigente”.
Por su parte el ministro Moreno hizo una relación de los hechos acontecidos desde el 18 de octubre, dando cuenta de los daños a la infraestructura pública y los millonarios costos que tanto para el Estado, como para el sector privado a través de las concesionarias, significará restablecer el sistema.

Datos de la acusación

La acusación constitucional está centrada en la responsabilidad de mando del exsecretario de Estado, en materia de violaciones a los derechos humanos, esto en el marco del accionar de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad en las tareas de orden público, durante las movilizaciones sociales registradas en el territorio nacional.
En tal sentido, el libelo recalca que el Estado de Emergencia que se decretó tras el estallido social solo permite limitar dos derechos civiles; el derecho a reunión y el derecho a la locomoción, por lo que es obligación de la autoridad velar por el respeto de todo el resto de los derechos consagrados en la Constitución, entre ellos, el derecho a la vida, a la integridad física y a la integridad síquica, los cuales no habrían sido cautelados por el exministro Chadwick.
Si bien Andrés Chadwick ya dejó su cargo en el Gobierno, la acusación constitucional solicita la inhabilidad del exministro para el ejercicio de cargos públicos por un plazo de cinco años.
En relación al cronograma futuro, la defensa del ex ministro expondrá ante la instancia el miércoles 20 de noviembre, haciendo uso del máximo plazo para dar cuenta de su postura respecto del libelo, mientras que el general director de Carabineros, Mario Rozas, comparecerá la próxima semana en fecha aún por determinar.
Cabe recordar que las acusaciones constitucionales tienen su base normativa en la Constitución Política (artículo 52), en la Ley Orgánica del Congreso Nacional (Título IV) y en el Reglamento de la Cámara de Diputados (Título VI).

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