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Aprobada por el Congreso de los Diputados.

Entró en vigor en España nueva normativa que permite al Gobierno intervenir redes y comunicaciones electrónicas si se producen alteraciones del «orden público» o en caso de «amenazas para la seguridad nacional».

La principal novedad de esta normativa reside en que ahora el Ejecutivo no necesitará autorización judicial para proceder al corte de redes y comunicaciones, como necesitaba hasta ahora para, por ejemplo, cerrar páginas web en caso de que existiesen indicios de la comisión de un ilícito penal.

3 de diciembre de 2019

La Comisión Permanente del Congreso de los Diputados de España aprobó el Real Decreto Ley que permite al Gobierno intervenir redes y comunicaciones electrónicas si se producen alteraciones del "orden público" o en caso de "amenazas para la seguridad nacional". La norma entró en vigor el 5 de noviembre pasado, en plena campaña electoral para los comicios generales, tras ser aprobada por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, pero necesitaba la ratificación del Parlamento, que acaba de conseguir.
La principal novedad de esta normativa reside en que ahora el Ejecutivo no necesitará autorización judicial para proceder al corte de redes y comunicaciones, como necesitaba hasta ahora para, por ejemplo, cerrar páginas web en caso de que existiesen indicios de la comisión de un ilícito penal.
La nueva normativa le otorga pleno poder al Ejecutivo para intervenir la red a cualquier nivel cuando concurran circunstancias de alteración del "orden público" o de "amenazas para la seguridad nacional", concepto que ha sido criticado por ser muy amplio y porque prácticamente faculta al poder ejecutivo a llevar a cabo la intervención de Internet de manera discrecional.
La preceptiva aprobada va más allá del simple cierre de dominios web. Se trata de una reforma que no toca las leyes que regulan los contenidos que circulan por Internet, sino que controla la infraestuctura física que la soporta.
Además, el Gobierno podrá intervenir las redes de telecomunicaciones sin que un juez lo autorice, aunque sus acciones sí serán recurribles ante los tribunales.
El paquete legislativo incluye además otras medidas: Permite al Ejecutivo tomar el control de cualquier red de telecomunicaciones que tienda cualquier Gobierno regional, obliga a que las bases de datos con información política estén en España y prohíbe el empleo de cualquier método de firma o identificación electrónica que escape a su control. Asimismo, somete los sistemas de identificación electrónica de cada región, a un régimen de autorización previa por parte de la Administración General del Estado, siempre y cuando sean distintos del certificado y sello electrónico desarrollados a nivel nacional. Obliga a que los recursos para la recogida, almacenamiento, tratamiento y gestión de los sistemas de identificación se encuentren situados en la Unión Europea, o en territorio español en el caso de categorías especiales de datos. Y contempla que la Administración General del Estado pueda suspender la transmisión de datos entre administraciones por razones de seguridad nacional de forma cautelar y temporalmente.
Detrás de las medidas aprobadas por el Gobierno español se encuentra la intención de atajar los intentos de crear una identidad digital catalana.
La normativa identifica como "los principales desafíos" que plantean las nuevas tecnologías a "las actividades de desinformación y las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía". De este modo, sin nombrar específicamente a Cataluña, cita "los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español".

 

Vea texto íntegro de la normativa.

 

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