En fallo unánime.
Corte de Santiago confirma fallo que condenó a Carabineros por torturas en comisaría de Estación Central.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia recurrida, que condenó al suboficial Francisco Arzola Ruiz a las penas de 5 años y un día de presidio por falsificación de instrumento público; y 17 años de presidio por aplicación de tormentos y torturas.

En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó recurso de nulidad y confirmó la sentencia que condenó a miembros de la 21° Comisaría de Carabineros de Estación Central por los delitos de falsificación de instrumento público, aplicación de tormentos y torturas a detenidos en la unidad policial, en 2016 y 2017.
Así, el Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia recurrida, dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que condenó al suboficial Francisco Arzola Ruiz a las penas de 5 años y un día de presidio por falsificación de instrumento público; y 17 años de presidio por aplicación de tormentos y torturas; y al cabo Rodrigo Muñoz Cid a la pena de 8 años de presidio por torturas a comerciantes ambulantes de la comuna.
Consigna el fallo a dicho respecto la sentencia realiza una correcta diferenciación, particularmente de la calificación jurídica del delito de tormentos o apremios ilegítimos en la persona de Wilson Romero Narváez en relación a los demás ofendidos, se debió exclusivamente a la ley vigente al momento de comisión de los mismos. Ello porque el 11 de noviembre de 2016, seis meses después de la ocurrencia de los eventos que afectaron a Romero y seis meses antes de los hechos que afectaron a Cristina Cabezas, Giovanni Zúñiga y Esteban Godoy, se promulgó la Ley Nº 20.968 que sustituyó la denominación del párrafo 4 del título III del Libro Segundo del Código Penal, de ‘agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantizados por la Constitución’ cambiándola por ‘De la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otros agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución’. Junto a ello, se sustituyó el artículo 150 A, estableciendo por primera vez en el derecho interno el delito de tortura, definiéndolo y tipificando, además, otros delitos que afectan el mismo bien jurídico protegido.
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