Por ser objeto de indicaciones, el proyecto que modifica la ley sobre protección de la vida privada con el objetivo de resguardar la información sobre deudas contraídas para financiar servicios educacionales, volvió a la Comisión de Educación.
El primer informe, rendido ante la Sala por la diputada Rojas, da cuenta que el proyecto consta de un artículo único que establece que tal como no puede comunicarse información relacionada con las deudas contraídas con empresas públicas o privadas de servicios de electricidad, agua, teléfono y gas, tampoco podrá hacerse con aquellas con instituciones de educación superior.
La norma, aprobada en general por 117 votos, a favor también incluye a aquellas adquiridas con bancos o instituciones financieras o en el marco de las líneas de financiamiento a estudiantes para cursar estudios en educación superior, administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), ni alguna deuda contraída con la finalidad de recibir para sí o para terceros un servicio educacional en cualquiera de sus niveles.
El proyecto incluye un artículo transitorio que señala que estas disposiciones entrarán en vigencia a partir de los 180 días posteriores a la publicación de la ley, fecha desde la que los responsables de los registros o bancos de datos personales que almacenan y comunican este tipo de información deberán eliminar todos los datos relacionados.
El proyecto, originado en el Senado, entrega como antecedentes que según el último informe Deuda Morosa, publicada por DICOM en el segundo trimestre del año 2018, eran más de cuatro millones 480 mil las y los deudores morosos en nuestro país. De ese total, un 4% se encontraba bajo el acápite “enseñanza”, es decir, casi 180.000 chilenos y chilenas estaban informados en DICOM por alguna deuda derivada de la prestación de servicios educativos
Además, la moción entrega antecedentes de Fundación Sol, donde se señala que de acuerdo a los datos entregados por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), sobre los créditos otorgados por la Banca (CAE, Corfo o a través de recursos propios) para financiar la educación superior, se puede observar que en marzo de 2010 se registraban en torno a 270 mil jóvenes endeudados por un monto total de $894 mil millones ($0,89 billones), cifra que se triplicó en diciembre de 2017, donde se registran 616 mil jóvenes endeudados por un monto total de $2,62 billones (millones de millones).

Vea texto íntegro de la moción, discusión y análisis boletín 12.415

RELACIONADOS
*CS confirmó sentencia que acogió protección de instituto profesional en contra del Consejo Nacional de Educación que declaró inadmisible apelación administrativa a resolución de acreditación…
*Comisión de Educación aprueba legislar sobre modernización de subvención escolar preferencial…