Corte Suprema acoge prescripción de cobro de servidumbre eléctrica en Río Bueno

En fallo unánime, la Corte Suprema acogió la excepción de prescripción de demanda deducida en contra de la Sociedad Austral de Electricidad S.A. por servidumbre de predio ubicado en la comuna de Río Bueno, Región de Los Ríos.

La sentencia sostiene que, en el caso que nos ocupa, se dejó establecido en la sentencia impugnada que, siguiendo la normativa legal, la servidumbre se constituyó producto del otorgamiento de la concesión a la empresa demandada, esto es, el 25 de julio de 1991, por lo que a partir de esa fecha debiera contabilizarse el plazo de prescripción. Con todo, también es un hecho que se dio por acreditado que, como titular de dicha concesión, la demandada realizó, en el año 2000, las obras de instalación de postes y de líneas aéreas de electricidad en el predio de don Osvaldo Machmar Rosales, para prolongar el tendido eléctrico de baja y alta tensión en la comuna de Río Bueno, circunstancia que debió permitir, sin lugar a dudas, que el demandante tomara conocimiento de la servidumbre y estuviera en condiciones de accionar para reclamar su derecho al pago de los valores que prevé el artículo 69 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

La resolución agrega que en la línea de lo que se viene reflexionando, cabe agregar que, en relación a la oportunidad para contabilizar el plazo de prescripción de la acción indemnizatoria por los delitos y cuasidelitos civiles, existe una discusión doctrinaria acerca de la interpretación del artículo 2332 del Código Civil, cuando se refiere a que las acciones que ese título concede, prescriben ‘en cuatro años contados desde la perpetración del acto’. La jurisprudencia de nuestros tribunales, al igual que la doctrina, ha evolucionado en términos de sostener que la acción no puede prescribir por la mera verificación del hecho ilícito, ya que una condición de la responsabilidad es que exista el daño o, dicho de otra manera, el delito o cuasidelito se define en función del daño y no de la ilicitud, por lo que la interpretación correcta indicaría que el plazo empieza a correr desde la manifestación del daño. Si eso es así, parece razonable entender que el plazo, en el caso de autos, empezó a correr el año 2000, lo que de igual modo lleva a concluir que la acción se encuentra prescrita.