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Moción.

Presentan proyecto de ley que busca establecer un incentivo económico a favor del denunciante en los delitos de colusión y aquellos que acarrean responsabilidad penal de las personas jurídicas.

El objetivo principal del proyecto ingresado es establecer incentivos económicos para denunciantes y ampliar la aplicación de la delación compensada, con el fin de disminuir la corrupción.

18 de enero de 2020

La Moción busca modificar diversos cuerpos legales con el objeto de introducir  un sistema de incentivos económicos para denunciantes de delitos de corrupción empresarial, en la medida que dichos antecedentes sean veraces, precisos y comprobables. Por su parte, se consagra la total reserva de identidad del denunciante como medida de protección del mismo.
La corrupción no sólo es un problema ético, político y legal, sino también un problema económico. En efecto, se suele decir que la corrupción constituye un impuesto negativo, dado que a mayor corrupción menor inversión, y por consiguiente menor crecimiento económico y mayor pobreza. Así las cosas, la contención de la corrupción y la violencia, es vital para el crecimiento económico y por tanto para una mejor distribución de la riqueza, dado que la imagen país es un atractivo para la inversión.
Otro punto abordado, sobre el fenómeno del whistleblowing, entendido como un acto de revelación deliberada de información acerca de actividades no triviales que se creen peligrosas, ilegales, inmorales, discriminatorias o que de otra manera incluyen una infracción, generalmente por miembros pasados o presentes de la organización , resulta esencial para dar con los casos de corrupción, si es que existen los suficientes incentivos para ello. En efecto, en países como Estados Unidos, los colaboradores, proveedores y empleados no temen en denunciar actos de corrupción que se den al interior de su lugar de trabajo. De acuerdo a un estudio global realizado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), en el año 2014 el 42% de los fraudes en las empresas fueron detectados a través de canales de denuncias anónimos. En Chile, por su parte, la realidad es radicalmente diferente. Un 97% de las empresas en Chile no recibe denuncias por corrupción, aún cuando cuentan con vías para asegurar el anonimato en la denuncia.
Asimismo, el mensaje también clarifica que en Chile no existen incentivos asociados a la denuncia de corrupción. Ello quiere decir que si algún trabajador de entera de una mala práctica en su empresa, nada le asegura que la autoridad administrativa conservará su anonimato, o que la empresa en cuestión no podrá tomar represalias en contra de dicho trabajador.
Con el fin de avanzar en la materia, la iniciativa busca combatir la corrupción disuasivamente y ayuda a generar ambientes mucho más probos en las organizaciones, mejorando los gobiernos corporativos tanto de empresas públicas como privadas. En este sentido, el presente proyecto de ley tiene por objeto establecer incentivos económicos para denunciantes de corrupción y ampliar la aplicación de la delación compensada, con el fin de disminuir la corrupción y hacer frente a este problema que aqueja a nuestro país.
El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo de la Cámara de Diputados.

Vea texto íntegro del Boletín Nº 13111-03.

 

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